La motosierra ya no sirve como relato en la antesala de las elecciones de 2027. Ahora llegó el turno de las obras y las rutas. Luis Caputo, el ministro que al comenzar la gestión anunció el freno a licitaciones de obra pública, ahora difunde kilómetros de infraestructura y promete mejoras para los usuarios.

Lilia Lemoine lo acompaña con una traducción: el Gobierno sigue haciendo obras, pero cambió la manera de financiarlas. “Más infraestructura, mayor seguridad vial, menor costo argentino”, escribió Caputo en X el 7 de octubre. El mensaje amplificó una publicación de Economía sobre la Red Federal de Concesiones. Según la cartera, el sistema alcanza más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos que atraviesan 14 provincias y concentran aproximadamente el 80% del tránsito nacional.

La cifra necesita una aclaración: esos 9.000 kilómetros corresponden a la extensión de la red bajo gestión privada, no a caminos nuevos ni a obras terminadas. El mismo comunicado informa más de 420 kilómetros rehabilitados. La diferencia entre extensión administrada y trabajo ejecutado queda menos visible en el festejo del ministro.

Lemoine salió a reforzar el anuncio. “El gobierno de Milei sigue con la obra pública”, escribió. A continuación sostuvo que en dos años logró que dejara de pagarse con impuestos y cerró: “Este es el rumbo”. La diputada recupera así una expresión que el oficialismo había asociado al despilfarro y la corrupción, y la presenta como una conquista propia.

El contraste remite al 12 de diciembre de 2023. En su primer paquete económico, Caputo anunció que Nación dejaría de licitar obra pública nueva y cancelaría las licitaciones aprobadas cuya ejecución no hubiera comenzado. El sector privado ya aparecía entonces como alternativa.

Por eso, el anuncio actual expresa un cambio de énfasis en la comunicación, antes que una renuncia al modelo elegido. El financiamiento es la clave. Las concesiones contemplan inversión privada y cobro de peajes: los usuarios aportan recursos al sistema cuando transitan.

Que no haya subsidios estatales en ese esquema no significa que las obras sean gratuitas. Tampoco un anuncio sobre corredores viales alcanza para afirmar que toda la obra pública del país dejó de sostenerse con impuestos.