La Fiscalía de Estado de Mendoza emitió una resolución para reforzar el control sobre entidades privadas vinculadas al sector público provincial, con el objetivo de supervisar de manera preventiva actos y contratos que involucren fondos, patrimonio o intereses estatales. La medida quedó plasmada en la Resolución Nº11, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el fiscal de Estado, Fernando Simón. Allí se establece que empresas públicas, sociedades con participación estatal, fundaciones, asociaciones civiles, fideicomisos y otros entes deberán someter determinadas actuaciones al control previo del organismo.

Según el texto oficial, en los últimos años el Estado provincial incrementó el uso de figuras del derecho privado para descentralizar funciones públicas, ejecutar políticas y administrar recursos estatales. En diálogo con este medio, Simón señaló que desde hace una década comenzaron a advertir un crecimiento sostenido de este tipo de estructuras privadas con participación estatal. “Hace 10 años notamos que hubo un crecimiento de este tipo de figuras privadas, pero con bienes públicos”, sostuvo. El fiscal de Estado explicó que, en los primeros años, algunas de estas entidades se resistían a responder requerimientos de organismos de control. “Al principio estas sociedades no querían o no respondían los informes que le solicitábamos de Fiscalía o del Tribunal de Cuentas ya que se jactaban que eran sociedades anónimas.

Pero con el paso del tiempo fueron flexibilizándose”, afirmó. En ese marco, Fiscalía de Estado sostuvo que esas entidades, aunque funcionen bajo normas privadas, forman parte del Sector Público Provincial y deben estar sujetas a mecanismos de control. La resolución señala que el objetivo es “compatibilizar eficiencia en la gestión con la transparencia que exige la administración de recursos que son de todos los mendocinos”.

Qué deberá controlar Fiscalía de Estado La norma fija tres criterios generales para determinar cuándo una actuación deberá pasar por control previo de Fiscalía de Estado: - relevancia económica o patrimonial; - trascendencia institucional; - complejidad o controversia jurídica. Además, establece que el control deberá realizarse antes de emitir actos administrativos, firmar contratos o concretar determinadas operaciones. Para ello, cada entidad tendrá que remitir la documentación correspondiente con carácter obligatorio.

Entre las situaciones generales alcanzadas por la resolución aparecen: - modificaciones de regímenes de compras y contrataciones; - actos de disposición patrimonial; - transacciones y conciliaciones; - celebración o interpretación de contratos; - inversiones financieras; - toma de deuda u otorgamiento de avales. Simón indicó que uno de los objetivos de la resolución es ordenar y unificar criterios de supervisión. “No hay una normativa clara sobre el control de este tipo de empresas. Por eso con esto buscamos tener un orden más generalizado”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que la normativa fue trabajada junto a las empresas estatales y apuntó que se intentó mantener la dinámica operativa de esas entidades. “Con esta resolución, que la trabajamos con todas las empresas estatales, ahora fijamos una serie de controles sin que pierdan la agilidad”, señaló. También se incluyen operaciones que excedan el presupuesto habitual de los organismos o presenten cuestionamientos jurídicos o impugnaciones de terceros. Alcance sobre sociedades y fideicomisos La resolución incorpora además situaciones específicas para sociedades comerciales, asociaciones, fundaciones y fideicomisos.

En el caso de las sociedades comerciales, Fiscalía de Estado deberá intervenir en aumentos o reducciones de capital, transferencias accionarias, creación de nuevas sociedades, distribución de dividendos, pago de honorarios extraordinarios y liquidaciones societarias. Para asociaciones, fundaciones y fideicomisos, el control abarcará actos que excedan el objeto para el cual fueron creados y decisiones vinculadas con disposición patrimonial. El fiscal de Estado también sostuvo que la intención es promover mecanismos internos de control y transparencia dentro de estas entidades. “Alentamos a que tengan un régimen general de controles y así garantizar que el régimen de contrataciones, por dar un ejemplo, sea lo más transparente posible”, afirmó.

Facultades y posibles sanciones El documento también establece que, ante dudas sobre si corresponde o no el control previo, deberá priorizarse la remisión de las actuaciones a Fiscalía de Estado. El organismo podrá requerir documentación adicional, como balances, informes de auditoría, dictámenes legales o información contable. Asimismo, la resolución advierte que el incumplimiento de la obligación de remitir actuaciones podrá derivar en observaciones, recomendaciones o requerimientos específicos, además de eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales, civiles o penales para los funcionarios intervinientes.

La norma también habilita al fiscal de Estado a emitir resoluciones complementarias para definir modalidades específicas de control según el tipo de ente y su funcionamiento. Además, Simón adelantó que la implementación de estos controles estará a cargo de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado. Según explicó, allí se conformará un nuevo equipo integrado por personas provenientes de distintas áreas del Estado La resolución