El ministro de Justicia de la Nación dispuso la intervención en grado de veeduría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el plazo de ciento ochenta días hábiles, a partir de una solicitud formulada por la Inspección General de Justicia (IGJ), según la resolución a la que accedió Clarín. La resolución 128/2026 que lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques, designa oficialmente a los veedores de la AFA días después de que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, fue indagado en los tribunales federales del fuero Penal Económico por una presunta retención indebida de aportes previsionales. La medida firmada por el Ministerio de Justicia "se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, que motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente", se informó oficialmente.

Se designa como veedores al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz De Marco, para que procedan a obtener, recabar y compulsar la documentación y la información solicitada y negada por la AFA a la Inspección General de Justicia, así como verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad. A tal efecto -dice la resolución-, "los veedores contarán con amplias facultades para el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada". Finalizada su gestión, los veedores deberán "elaborar un informe final con sus conclusiones, sin perjuicio de la posibilidad de presentar los informes parciales que puedan considerar necesarios en los cuales consten los avances de su tarea y las eventuales situaciones que pudiesen evaluar como urgentes".

De este modo, la resolución busca garantizar el adecuado ejercicio del control estatal sobre una asociación civil de relevancia pública, preservar la transparencia en su administración y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen su funcionamiento institucional. En la resolución de ocho páginas, el Ministerio de Justicia indica que se designaron veedores tras el expediente iniciado por la IGJ, cuando detectó que la AFA desarrolló un acto asambleario el 28 de octubre de 2025 en un predio ubicado en la localidad de Ezeiza, “sin haber solicitado la autorización correspondiente para celebrarlo fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Otro aspecto que condujo al nombramientos de veedores fue un planteo de la IGJ que da cuenta de que la AFA realizó trámites de presentación de documentación y registración de actos ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires, “sin habérselo informado ni haberle solicitado la cancelación de su inscripción original en el Registro Público a cargo de ese Organismo”.

En tal contexto, la IGJ requirió a la AFA explicaciones sobre trámites pendientes: la falta de contestación a las vistas contables cursadas en relación a sus balances presentados, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados desde el 30 de junio de 2017 y hasta el 30 de junio de 2024. Los pedidos incluyen: la falta de presentación de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025; la falta de información sobre cualquier trámite iniciado de cambio a jurisdicción provincial; el trámite de reforma de estatuto que había quedado inconcluso en la IGJ. Finalmente, se pidió la documentación correspondiente referida a la constitución y puesta en funcionamiento de la denominada Universidad de la AFA (UNFA). “Ha de tenerse presente que la actuación sumarial tiene correlato con la información periodística de público y notorio en la se menciona la existencia de investigaciones en curso en sede judicial y tramitaciones administrativas vinculadas con la constitución y funcionamiento de la UNFA”, explicó el Ministerio de Justicia de la Nación.

En tal sentido, y ante la “sucesiva falta de respuesta concreta y determinada en los términos requeridos a las vistas cursadas respecto de los balances correspondientes a los ejercicios 2017 a 2024, se avanzó en la fiscalización”, se indicó. Esto devino en la convocatoria al cuerpo de auditores que se desempeñaron como tales ante la AFA. La finalidad de las acciones impulsadas por la IGJ, sostiene el Gobierno,”se propiciaron a los fines de recabar los datos necesarios para poder concluir satisfactoriamente la presentación de la documentación faltante, extremo que dicha entidad no ha efectivizado”.

En contraposición a eso, Tapia públicamente ha hablado de una persecución política del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo en la misma las causas que afronta tanto en la justicia penal económica por una presunta retención indebida de 19.353 millones de pesos, como las pesquisas por presuntos hechos de blanqueo de activos. Para el Ministerio que conduce Mahiques, la AFA realizó presentaciones “incompletas” en las que “desarrolló argumentos que no resultaron adecuados a los requerimientos cursados, algunos de los cuales ya han sido rebatidos en oportunidad de contestar la IGJ”. Sin embargo, el argumento central de la AFA -da cuenta la resolución-, “ha versado en sostener la falta de jurisdicción de la IGJ alegando una situación “transicional” en la que se encontraría la entidad desde el punto de vista registral, intentando fundamentar la carencia de atribuciones de la Inspección para fiscalizarla con posterioridad al ejercicio 2024”.

Para el Poder Ejecutivo Nacional, la IGJ es el organismo de contralor ante el cual deben presentarse los estados contables de la AFA correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025; “pero dicha entidad se ha negado sistemáticamente a hacerlo, alegando haberlos presentado ante el organismo de la Jurisdicción Provincial”. Después se acusó a la AFA de negarse a someterse al control de la IGJ cuando de la Universidad creada se trata. “La misma postura asumió la entidad para negarse a presentar los estados contables confeccionados al 30/06/2025; algo que, por no haberse finalizado el trámite de cambio de jurisdicción, resulta inaceptable”. Se retomó un tema actual: las últimas semanas se ha dado a conocer información pública acerca de supuestos desmanejos financieros vinculados con el ocultamiento de importantes cifras de ingresos de la citada Asociación, “que podrían haber sido derivadas a través de entidades —tanto locales como extranjeras— ajenas a la institución, en violación a las normas legales y estatutarias de la entidad, dando mayor sustento al petitorio que aquí se cursa”.

Dos aspectos se resaltaron por parte del Ministerio: la “negativa explícita de la AFA a brindar la información requerida, amparándose en una falta de jurisdicción que hasta aquí ha sido desvirtuada por resultar fundada en afirmaciones y declaraciones falsas, como la vinculada a que la entidad posee su sede social en la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires”, cuando se ha “comprobado fehacientemente que ello no es verdad y que la Asociación y sus autoridades y administración nunca estuvieron ni están actualmente en dicho predio” Es por ello que “corresponde hacer lugar a la solicitud de la IGJ de disponer la intervención en grado de veeduría —intervención informativa— de la AFA a fin de recabar la información solicitada y negada, así como verificar la existencia de actos u omisiones que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad, todo ello en razón de haber constatado irregularidades que tornan imprescindible adoptar esta medida en resguardo del interés público”. Sobre la firma