Tras más de 15 años de un enfoque prohibicionista que, según los datos oficiales, no dio los resultados esperados, el Gobierno se prepara para dar un giro de 180 grados en la regulación de los productos de nicotina. A través de una medida que se oficializó este lunes en el Boletín Oficial, el Estado busca "dejar de mirar para otro lado" y ordenar un mercado que hasta hoy operaba en la absoluta informalidad. La decisión, coordinada entre los ministerios de Economía y Salud, la Anmat y la Jefatura de Gabinete, apunta a regular tres grandes categorías: los vapeadores, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina (pouches).

El diagnóstico oficial es tajante: el esquema restrictivo vigente no logró frenar el consumo; por el contrario, lo empujó a la ilegalidad, eliminando cualquier tipo de trazabilidad sobre lo que contienen los productos y favoreciendo el contrabando. Hasta hoy, estos productos se consumen de manera masiva pero sin que el Estado tenga herramientas para fiscalizar o sancionar. "El peor escenario es el actual: consumo masivo en un mercado completamente en negro", señalan desde el Gobierno. Con la nueva normativa, se establece un “registro obligatorio”: sin estar inscripto, ningún producto podrá comercializarse legalmente en el país.

Este reordenamiento no solo busca formalizar la actividad, sino establecer responsables identificables. Las empresas deberán declarar la composición exacta de sus productos y cumplir con estándares de calidad y condiciones de fabricación estrictas. Desde el punto de vista económico, el cambio es significativo.

Al incorporarse al sistema formal, estos dispositivos y sustancias pasarán a tributar con esquemas diferenciados según cada categoría, terminando con un circuito que hoy está dominado por la informalidad y el ingreso de mercadería ilegal. La mira en los adolescentes: adiós a los sabores Uno de los puntos más sensibles de la nueva regulación es la protección de los chicos y adolescentes. El Gobierno reconoce que el consumo de estos productos crece especialmente entre los jóvenes.

Por eso, la normativa incluye una prohibición clave: la “eliminación de sabores en los vapeadores”. Según el texto oficial, los saborizantes son considerados la "principal puerta de entrada" al consumo en menores. Al prohibir estos aditivos y cualquier elemento que aumente el atractivo visual o gustativo del producto, el Estado busca desincentivar el inicio temprano en la adicción a la nicotina.

Además, se establecerán límites estrictos a la concentración de nicotina y se definirá una lista de ingredientes permitidos y sustancias prohibidas. Un cambio de paradigma El reordenamiento sanitario se basa en la idea de que, si bien lo ideal es no consumir, el Estado debe intervenir sobre un hábito que ya existe para reducir riesgos. El objetivo es generar condiciones para que los fumadores actuales de tabaco tradicional puedan transitar hacia alternativas que se consideran "potencialmente menos dañinas" y que reducen el impacto del humo ambiental en terceros.

Desde el sector de la industria ven con buenos ojos la medida. Fuentes del sector indicaron que las prohibiciones absolutas van "a contramano del sentido común y de los avances de la ciencia". Argumentan que esta decisión ubica a la Argentina en sintonía con más de 100 países –como Estados Unidos, Suecia y Japón– que permiten la comercialización regulada de productos sin combustión. "Luego de 15 años de atraso, finalmente existe un marco regulatorio coherente para poder darles alternativas de menor riesgo a los 7 millones de fumadores adultos", señalaron desde la industria, contrastando la nueva postura argentina con la de países que mantienen prohibiciones totales, como Venezuela o Nicaragua.

La medida oficial busca, en definitiva, poner reglas claras donde hoy no hay ninguna. El Gobierno insiste en que no se está creando un mercado nuevo, sino ordenando uno que ya existe y que funciona sin supervisión ni control sanitario. Con este paso, la Argentina busca alinearse con las tendencias globales de control de daños.

El éxito de la medida dependerá de la capacidad de fiscalización de la Anmat y de que el nuevo registro obligatorio logre efectivamente desplazar al mercado informal que, durante más de una década, creció a la sombra de la prohibición. MG