La polémica por la posible negativa del presidente Javier Milei a firmar la designación de María Verónica Michelli como jueza abrió un intenso debate jurídico sobre los límites de las facultades presidenciales. Para Félix Lonigro, la respuesta es contundente: "No, no puede". El constitucionalista explicó que el procedimiento de designación de jueces federales consta de tres etapas: la selección por parte del Consejo de la Magistratura, la designación presidencial y el acuerdo del Senado.

Según detalló, una vez que el Presidente elige a un candidato de la terna y envía el pliego a la Cámara Alta, ya expresa formalmente su voluntad de designarlo. "Cuando el presidente hace esto, ya inicia su ejecución de designación, ya manifiesta su voluntad en favor de un candidato", señaló Lonigro, al describir el proceso institucional previsto para los nombramientos judiciales. La teoría de los actos propios y los límites presidenciales El especialista sostuvo que el jefe de Estado no puede retroceder sobre una decisión que ya impulsó formalmente. En ese sentido, remarcó que la aprobación del Senado completa una etapa fundamental del procedimiento y obliga al Poder Ejecutivo a concluir el trámite. "El presidente no puede volver sobre sus propios actos porque es lo que llama la teoría de los actos propios en el derecho", explicó.Lonigro argumentó que la decisión de seleccionar a Micheli y remitir su pliego al Senado constituye un acto jurídico que compromete al Presidente.

Por esa razón, consideró improcedente que el Gobierno intente frenar la designación luego de conocer que la postulante es cuñada de un periodista crítico de la administración nacional. "El presidente ahora está obligado a hacer esa designación porque ya se pronunció en favor de ella cuando intervino a la hora de elegirla en la terna y de enviar el pliego al Senado", enfatizó. ¿Qué ocurriría si Milei decide no firmar el decreto? Consultado sobre la posibilidad de que el mandatario simplemente se niegue a completar el proceso, Lonigro advirtió sobre las consecuencias institucionales de una decisión de ese tipo. "Si el presidente no hace esto, si no emite el decreto, está incurriendo a un mal desempeño", afirmó.

Además, rechazó el argumento de una eventual rectificación presidencial por haber tomado la decisión sin toda la información disponible. Para el jurista, esa explicación carecería de sustento jurídico. "Es alegar su propia torpeza. No puede el presidente ahora decir me equivoqué", concluyó.