El conflicto entre la fabricante de neumáticos FATE y sus trabajadores sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 17 ordenó transferir $1.200 millones para cancelar parte de los salarios adeudados a 200 operarios que quedaron afectados por el cierre de la planta ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Según lo dispuesto por el tribunal, el pago deberá realizarse el viernes 23 de octubre y cubrirá los haberes devengados entre marzo y junio de 2026.

Para concretar la transferencia se utilizarán fondos de la empresa que habían sido embargados de manera preventiva en el marco del litigio laboral. La resolución no contempla a quienes firmaron acuerdos de retiro voluntario. La cifra fijada por la Justicia quedó en un punto intermedio entre las posiciones presentadas por las partes.

Mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino reclamaba $1.800 millones, la compañía sostenía que el monto correspondiente era de $600 millones. La decisión se tomó en cumplimiento de una orden de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había dispuesto avanzar con el pago de los salarios reclamados. De esta manera, el juzgado determinó la suma que deberá distribuirse entre los trabajadores incluidos en la medida cautelar.

El antecedente del convenio laboral y el cierre de la fábrica El reclamo de los operarios se apoya en un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. De acuerdo con los planteos presentados en la causa, FATE había recibido beneficios impositivos del Estado a cambio de comprometerse a mantener la estabilidad de su personal durante ese período. La empresa anunció el cierre de su planta de San Fernando el 18 de febrero de este año, una decisión que afectó inicialmente a unos 920 trabajadores.

Desde entonces, los empleados sostienen medidas de protesta y un acampe en las instalaciones para reclamar el pago de los salarios pendientes y la continuidad de sus fuentes laborales. En abril, la Justicia había dispuesto un embargo cercano a los $3.000 millones sobre bienes y fondos de la compañía, en el marco de las actuaciones vinculadas con el presunto incumplimiento de obligaciones laborales y de la conciliación obligatoria. Posteriormente, se avanzó con una primera ejecución de aproximadamente $500 millones para cubrir tres quincenas adeudadas entre febrero y marzo.

El SUTNA apelará el monto y reclamará nuevos pagos Tras conocerse la resolución, el SUTNA consideró que la decisión representa un avance para los trabajadores que mantienen el reclamo desde el cierre de la fábrica. Sin embargo, la organización sindical adelantó que apelará la suma establecida por considerar que no contempla todos los conceptos que, según su postura, corresponden a los operarios. Entre sus objeciones, el gremio señaló que el cálculo no contempla adecuadamente la antigüedad de los empleados ni la actualización de los salarios por inflación.

Por ese motivo, buscará que se revise el monto reconocido judicialmente. Además, el sindicato anticipó que impulsará nuevas acciones legales para reclamar los haberes correspondientes al período posterior al 1.º de julio de 2026, que no está incluido en esta resolución. También insistirá con su pedido de nulidad de los acuerdos de retiro voluntario firmados por otros trabajadores, al sostener que se celebraron bajo una fuerte presión económica, luego de varias semanas sin cobrar sus sueldos.

Esos planteos forman parte de la posición del gremio y deberán resolverse en las instancias correspondientes. En paralelo al reclamo salarial, el conflicto registró otro movimiento en el ámbito judicial. La Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo que había sido dictada en septiembre, por lo que los trabajadores podrán mantener el acampe y las protestas en las inmediaciones de la planta mientras continúa la disputa.