Declaran inconstitucional el decreto con el que el Gobierno frenó la Ley de Financiamiento Universitario La Justicia Federal exigió nuevamente la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial del año pasado. El gobierno de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica.

Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera. El juez Martín Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.

En la sentencia se intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. Según estimaciones del sistema universitario, esto implicaría una recomposición salarial cercana al 33%. La decisión de fondo respalda la cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas, que había sido ratificada por la Corte Suprema.

Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido de la administración libertaria para levantar la cautelar al considerar que el acuerdo firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto. Además, había intimado al Estado a detallar y documentar el nivel de cumplimiento alcanzado que luego consideró no probado. El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.

Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado.

El máximo tribunal luego dejó firme la medida cautelar. A eso se sumó una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que pedía incluir en la cautelar la actualización presupuestaria de los gastos de funcionamiento, incluyendo las partidas para hospitales universitarios y de ciencia. El camino de la ley también ya había sido extenso.

Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.

Dos meses después del acuerdo de junio, el conflicto universitario se reactivó cuando los gremios docentes y no docentes volvieron a parar en reclamo por el financiamiento. Denunciaban un triple incumplimiento por parte del Gobierno: por no aplicar la ley de financiamiento aprobada, no cumplir con la cautelar y tampoco con el acuerdo firmado con los rectores. El Gobierno pagó el aumento salarial –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y el aumento para las becas Manuel Belgrano, pero no pagó el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones) porque no se desactivó el reclamo judicial.

Presupuesto 2027 y nueva marcha federal El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.

Mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Los rectores fueron nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables en una reunión convocada por Unión por la Patria.

Luego comenzaron a reunirse con diputados y senadores. Luego de haber rechazado el 3% de aumento que ofreció el Gobierno en las dos reuniones paritarias de septiembre, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria era el Palacio de Tribunales.

La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”. Los rectores fueron la semana pasada nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables.

Lo hicieron en una reunión convocada por Unión por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento. La semana pasada también se reunieron los gremios con el Gobierno. En la reunión paritaria, volvieron a ofrecerles un aumento del 3%, la misma oferta que en la reunión anterior, a inicios de mes.

Luego, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. Ante la consulta de LA NACION, varias fuentes universitarias contestaron que la convocatoria sigue vigente. A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria es el Palacio de Tribunales.

La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”. Después trasladaron la movilización al Congreso, porque la fecha coincide con la sesión especial que busca activar la oposición en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023 por lo que también habrá movilizaciones en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.