La polémica que desde hace cuatro años envuelve a la instalación de un radar con capacidad de vigilancia espacial en la localidad de Tolhuin, en Tierra del Fuego, volvió a encenderse este viernes cuando la Justicia provincial anuló la inscripción de su propietaria, Leolabs Argentina, como persona jurídica ante la Inspección General de Justicia (IGJ). La resolución, dispuesta por el juez civil y comercial Gustavo González, fue celebrada por autoridades fueguinas, como el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, quien resaltó que este fallo "marca un punto de inflexión" para que no operen en la provincia "empresas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a nuestros intereses soberanos, especialmente frente a la ocupación británica en nuestras Islas Malvinas". El funcionario se refirió de esa forma a la compañía de base estadounidense y compuesta por capitales británicos que se instaló, en forma inconsulta con la provincia, a finales de 2022 en la tercera ciudad fueguina solo con aval de la Jefatura de Gabinete, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Desde entonces, se sucedieron reclamos, protestas y hasta un incendio que llevó a la firma a anunciar que iba a retirarse. Ahora, el juzgado Civil y Comercial 2 del Distrito Judicial Sur resolvió declarar la nulidad de la inscripción societaria de Leolabs ante el registro público en una causa que había impulsado la propia IGJ. En su demanda, la IGJ pedía directamente la disolución y liquidación de la sociedad por no cumplir su objeto social luego de que le fuera cancelada la autorización nacional para operar un radar en Tolhuin.

El juez advirtió que para ello aún quedan instancias administrativas pendientes pero en los fundamentos de su decisión, remarcó que su aparición en Tolhuin generó una "manifiesta afectación al interés público". Además, el fallo indica que la puesta en funcionamiento de la estación tecnológica "presenta la potencialidad de poner en riesgo la protección de intereses vitales y estratégicos de la Nación" y "compromete negativamente la política de defensa nacional y la seguridad, configurando un escenario de evidente vulnerabilidad". En su resolución, el juzgado incorporó informes del Ministerio de Defensa de la Nación sobre las connotaciones geopolíticas de la estación radar en el extremo sur de la Argentina.

También remarcó que la empresa Leolabs se encuentra integrada por capitales de origen británico, lo cual resulta incompatible con las directrices de la política de defensa nacional, en el contexto de la ocupación ilegal del Reino Unido en nuestras Islas Malvinas. El Gobierno de Tierra del Fuego recordó en un comunicado que el radar instalado "posee capacidad tecnológica de uso dual (civil y militar), lo que permitiría, en los hechos, monitorear actividad satelital argentina, interceptar datos y realizar inteligencia de señales de manera pasiva". En ese marco, el secretario de Malvinas de la provincia, dijo que con este fallo "la Justicia ha ratificado lo que veníamos sosteniendo con firmeza, no hay margen para que operen en nuestra provincia empresas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a nuestros intereses soberanos, especialmente frente a la ocupación británica en nuestras Islas Malvinas". "El Gobierno de la Provincia reafirma que la soberanía y la defensa nacional son conceptos inseparables.

Continuaremos velando por la protección de nuestro territorio bicontinental y por los intereses de todos los fueguinos y argentinos, garantizando que ninguna actividad vulnere nuestra seguridad ni el pleno ejercicio de nuestros derechos soberanos”, añadió Dachary. El secretario de Justicia de la provincia, Gonzalo Carrillo, dijo que “la resolución judicial brinda herramientas clave para avanzar hacia la erradicación de la instalación" de ese radar. Y, advirtió que en caso de quedar firme el fallo permitirá "avanzar de manera concluyente en la resolución del conflicto.

Al declararse la nulidad de su inscripción societaria, la empresa pasa a revestir el carácter de sociedad no inscripta regularmente, perdiendo toda capacidad operativa y legal”. SMB