La Justicia federal resolvió extender por un año la investigación y la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de haber liderado una secta en Bariloche. La decisión fue tomada después de un pedido de la fiscalía, que argumentó la complejidad del expediente y la necesidad de avanzar con medidas de prueba pendientes. La prórroga fue dispuesta por el juez de Garantías Gustavo Zapata durante una audiencia realizada el 1 de abril. De esta manera, el acusado permanecerá detenido al menos hasta el 3 de abril de 2027. Según la investigación, el hombre está señalado como el líder de una estructura criminal que habría captado en Rusia a una joven de 22 años para trasladarla a la Argentina con fines de explotación. La víctima dio a luz en 2025 en un hospital de Bariloche. El caso comenzó a tomar forma el 17 de marzo del año pasado, cuando la mujer, embarazada de casi nueve meses, llegó a un centro de salud acompañada por otras dos personas. Los médicos advirtieron una situación de sometimiento: no la dejaban hablar y respondían por ella en todo momento. Cuatro días después del parto, una de las acompañantes intentó inscribir al recién nacido como hijo del principal imputado. A partir de esa denuncia, la fiscalía impulsó allanamientos en propiedades vinculadas al grupo. En esos operativos se detectaron condiciones compatibles con explotación: ventanas cubiertas, colchones en el piso, ropa erótica y pelucas. También surgieron indicios de que los sospechosos planeaban abandonar el país. El 28 de marzo del año pasado, los imputados fueron detenidos en el aeropuerto de Bariloche y en el aeroparque Jorge Newbery. Durante el procedimiento, Rudnev intentó autolesionarse con una hoja de afeitar, pero fue reducido por personal de seguridad. Para los investigadores, el acusado habría intentado obtener la nacionalidad argentina a partir del nacimiento del bebé, con el objetivo de facilitar luego su residencia en Brasil y consolidar el funcionamiento de la organización en la región. En la reciente audiencia, la fiscalía explicó que todavía restan medidas clave. Entre ellas, la traducción de un importante volumen de documentación -que demandará alrededor de 120 días hábiles-, el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados y la obtención de testimonios en el exterior, en países como Rusia, Indonesia y Alemania. En este contexto, también se resolvió mantener la prisión preventiva del acusado, al considerar que persisten riesgos procesales, especialmente la posibilidad de fuga. Los investigadores señalaron, entre otros puntos, su capacidad económica y el antecedente del intento de evasión. En paralelo, la Justicia dispuso sostener las restricciones para el resto de los imputados: 19 mujeres y un hombre acusados de haber integrado la organización. Todos deberán continuar con la prohibición de salida del país y presentarse cada 15 días ante una dependencia policial.