El Consejo Nacional de Política Criminal otorgó el aval institucional al proyecto de Ley de Estatuto Antiterrorista que el Gobierno prepara para presentar ante el Congreso de la República. La decisión se tomó durante una sesión reservada realizada este jueves, en la que la propuesta obtuvo 11 votos favorables y tres conceptos en contra entre los integrantes de la mesa técnica. El consejo es un organismo consultivo en el que participan representantes del Gobierno nacional, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los órganos de control y delegados del Congreso, entre otras entidades.

PUBLICIDAD De acuerdo con el procedimiento normativo señalado para el proyecto, el concepto previo permite continuar con el trámite del articulado ante las comisiones constitucionales correspondientes. Con el respaldo obtenido, el Gobierno avanzará en la revisión final del documento antes de formalizar su presentación ante el Legislativo. A la salida de la reunión, el ministro Lara se refirió al resultado de la votación y a la exposición que realizó el Gobierno ante los integrantes del Consejo. “El balance de la reunión es extraordinario.

Hicimos una presentación larga, detallada y precisa del Estatuto Antiterrorista y obtuvimos los votos y la confianza del Comité de Política Criminal. Esto es muy importante porque muestra la solidez y las garantías que contempla este estatuto”, comentó el funcionario. PUBLICIDAD El ministro también respondió a los cuestionamientos sobre el alcance de la propuesta y sostuvo que las disposiciones están dirigidas a quienes recurren a la violencia.

En ese sentido, afirmó: “no es un estatuto arbitrario: no se va a perseguir a políticos que piensen distinto, como dicen falsamente en las narrativas de ciertos sectores. Esto busca actuar en contra de quienes emplean la violencia, el miedo y la zozobra contra el Estado, los colombianos y la infraestructura estratégica”, aseveró. Objeciones técnicas y jurídicas al articulado Aunque la iniciativa obtuvo una mayoría favorable, durante la sesión se presentaron reparos por parte de tres representaciones.

Entre las posiciones disidentes figuró la de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuyo vocero formuló observaciones técnicas sobre dos componentes del proyecto: la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo. PUBLICIDAD Las observaciones se concentraron en los mecanismos institucionales previstos en el articulado y en la incorporación de estas figuras dentro de la estrategia estatal contra las organizaciones señaladas como terroristas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó reservas frente a la tipificación de determinadas conductas, particularmente la inclusión del reclutamiento forzado dentro del alcance punitivo del terrorismo.

La entidad planteó reparos sobre la manera en que esa conducta quedaría comprendida en las disposiciones penales propuestas. La representación del Pacto Histórico también rechazó la iniciativa por consideraciones relacionadas con los derechos fundamentales. Estas posturas hicieron parte de los tres votos negativos registrados durante la deliberación del Consejo, frente a los 11 apoyos que recibió el proyecto.

PUBLICIDAD Con el concepto institucional favorable, el texto será remitido en los próximos días a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para su revisión final. Una vez concluida esa etapa, el Gobierno prevé radicar formalmente la iniciativa ante el Congreso la próxima semana, con el propósito de iniciar su trámite legislativo. Las claves del Estatuto Antiterrorista del Gobierno Entre las principales medidas contempladas en el Estatuto Antiterrorista se encuentra la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas.

Según el contenido presentado, este mecanismo permitiría aplicar medidas financieras y administrativas contra las personas incluidas en el listado oficial. La iniciativa establece que la incorporación al registro habilitaría el congelamiento inmediato de activos financieros, la inhabilitación para contratar con entidades estatales y el bloqueo de transacciones de los miembros reportados. El proyecto plantea estas disposiciones como instrumentos para restringir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones incluidas en el registro.

PUBLICIDAD El articulado también propone incrementar hasta en una tercera parte las penas por conductas como el uso de drones armados, la extorsión, los delitos informáticos, el secuestro y las asonadas, siempre que se demuestre su vinculación con estructuras criminales. La aplicación de estos aumentos estaría condicionada a la relación de las conductas con dichas organizaciones. Otra de las disposiciones prevé la adscripción de un Alto Comisionado contra el Terrorismo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

A esto se suma la creación de pabellones de alta seguridad destinados a los cabecillas de las organizaciones, con restricciones estrictas para las visitas. PUBLICIDAD En materia judicial, el proyecto contempla un esquema de incentivos para procesados que suministren información efectiva que contribuya al desmantelamiento de los grupos incluidos en el registro oficial. Los beneficios podrían representar rebajas de pena de hasta el 60%, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD