Lo que nació como una ambiciosa apuesta inmobiliaria en Costa Rica se transformó en un complejo tablero judicial. Un grupo de inversores de un barrio privado de zona norte de la provincia de Buenos Aires y los desarrolladores de un proyecto en Playa Tamarindo se encuentran hoy enfrentados en una disputa que mezcla denuncias por estafa con acusaciones de extorsión y maniobras para quedarse con el negocio inmobiliario. La controversia gira en torno al proyecto Air Tesoro, un desarrollo de departamentos de lujo en Guanacaste.

Por un lado, un sector de los inversores sostiene que, a cuatro años de iniciadas las gestiones, el complejo no presenta avances físicos y que los fondos —que superarían los US$2.400.000— no habrían sido destinados a la construcción. Según su versión, el terreno permanece como “selva virgen” y denuncian la existencia de una hipoteca de US$485.000 tomada sin su consentimiento. Uno de los denunciantes dijo a TN que “las alarmas se encendieron entre fines de 2023 y principios de 2024″.

Sin embargo, la contraparte ofrece una lectura diametralmente opuesta. Desde el entorno de los desarrolladores aseguran que se trata de un conflicto societario y no de un delito. “Los desarrolladores afirmaban que las ventas venían muy bien, pero nunca entregaban información sobre los departamentos vendidos ni sobre cuánto de esos ingresos se destinaba a la obra. Mientras tanto, ganaban tiempo y destinaban salidas de dinero a sus sociedades personales y cuentas bancarias, dejando a la sociedad sin fondos”, explicó uno de los inversionistas. “Los denunciantes inventaron esta denuncia para quedarse con el negocio en Costa Rica.

Es una extorsión lisa y llana. Los denunciados van a ir a fondo en la justicia”, afirmó el abogado de uno de los involucrados. El descargo de las desarrolladoras Las sociedades Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A. emitieron un comunicado oficial para desmentir las acusaciones de estafa, calificándolas de “manifiestamente tergiversadas”.

Según la empresa, el proyecto es real y cuenta con activos verificables. “Los planos están sellados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)”, indicaron. Además, afirmaron que los terrenos registrados a nombre de las sociedades valen hoy tres veces más que la inversión original. Para los desarrolladores, el trasfondo es una disputa de poder. “Esto es un conflicto entre socios por un proyecto real, con activos registrados, donde un accionista minoritario intenta quedarse con el total usando denuncias penales y presión mediática”, concluyó su defensa técnica.

La batalla en los tribunales La disputa ya tiene dos frentes abiertos. En la Argentina, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49 ordenó recientemente un allanamiento en oficinas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se secuestró documentación y material informático para peritar el flujo de fondos. En Costa Rica, la situación sumó un capítulo clave el pasado 9 de abril.

Según el comunicado de la empresa, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José rechazó una medida cautelar solicitada por los denunciantes. El tribunal habría considerado que, al tratarse de una controversia contractual, el caso debe ventilarse en la justicia civil y no en la penal.