Estados Unidos aumentó su presión diplomática y comercial sobre la Argentina para demandar que cumpla un compromiso pendiente dentro del acuerdo bilateral vigente: prohibir formalmente la importación de productos fabricados usando trabajo esclavo. Este planteo comercial lo formalizó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la cumbre de ministros de Comercio del G20 realizada en Milwaukee. En ese contexto, Washington impulsó una declaración conjunta suscripta por la Argentina y México con el fin de terminar con el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro.

En un comunicado oficial emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Greer expresó: “Felicito a mis colegas de México y la Argentina por ponerse del lado de la realidad moral y económica y reconocer que el trabajo forzoso sigue existiendo como un problema aberrante de derechos humanos que distorsiona las cadenas globales de suministro”. Aunque la nueva declaración conjunta no representa de manera inmediata un cambio en las regulaciones internas del Gobierno argentino, vuelve a colocar bajo revisión una obligación asumida por Argentina hace 8 meses que sigue demorada. El acuerdo previo entre Argentina y Estados Unidos Esta exigencia está estipulada en el artículo 2.9 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, pactado en noviembre pasado y suscripto de manera formal en febrero, donde la administración nacional se comprometió a adoptar e instrumentar una veda a la adquisición internacional de bienes obtenidos, de forma total o parcial, bajo condiciones de trabajo forzoso, sin establecer un plazo perentorio para su ejecución.

La legislación argentina incluye fuertes sanciones laborales y penales para el trabajo esclavo a nivel doméstico, pero carece de mecanismos específicos para las fronteras, pensados para bloquear el ingreso a nuestro país de mercaderías producidas bajo esas irregularidades en el extranjero. Desde el 24 de julio, la administración de Donald Trump aplicó aranceles adicionales a los envíos de unas 60 economías -incluyendo la Argentina- tras terminar una investigación amparada en la Sección 301 de su ley comercial, la cual decidió que estos países carecen de prohibiciones efectivas contra la importación de bienes forzados. HM