La justicia porteña está a punto de cerrar una causa contra Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro, el joven hacker misionero que admitió haber hackeado celulares de jueces y funcionarios por encargo de un misterioso desconocido que no pudo ser identificado por los jueces y que fue un escándalo justo cuando se impartía la condena a seis años de prisión contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. En fuentes judiciales se sostuvo que "lo curioso no es sólo que se quiera dar por cerrada la causa contra Nuñez Pinheiro sin levantar la perdiz, a través de un acuerdo de avenimiento (un juicio abreviado), en el que el joven se declara culpable, se le imparte una pena menor y se le devuelven todos los elementos secuestrados en la causa". Lo llamativo es que la jueza Araceli Martínez esté a punto de sellar ese acuerdo sin verificar aún su decisión puede chocar o perjudicar la causa madre que se instruye en los tribunales de Comodoro Py 2002 por la que estuvo preso el joven Núñez Pinheiro, estuvo detenido el ex agente de inteligencia de la Policía Federal y espía inorgánico Ariel Zanchetta y está imputado, aún sin haber sido llamado a indagatoria, el ex funcionario y alfil de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.

Así se desprende del mail que envió el viernes último la propia jueza Araceli Martínez al juez Marcelo Martínez De Giorgi en el que pedía “certificar” la causa que se instruye en los tribunales federales y al que tuvieron acceso todas las partes del expediente. El oficio, en donde ni siquiera se alude al número de expediente que se sigue contra el hacker en el fuero porteño, informa que la solicitud se enmarca en “el acuerdo de avenimiento que se encuentra a estudio de este Juzgado, respecto del nombrado, por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 153 bis (violación de Secretos y de la Privacidad) y 197 del Código Penal (irrupción en la comunicaciones)”. Es decir los mismos delitos por lo que ya fue procesado Núñez Pinheiro en la justicia federal, sumado al delito de estafa, con un detalle adicional: la propia Cámara Federal porteña indicó que en el caso habría funcionado una asociación ilícita para llevar adelante esos delitos y acceder a los celulares de miembros del Poder Judicial, entre los cuales estaban jueces que tenían que resolver si condenaban a Cristina Kirchner.

Según fuentes judiciales, la jueza Martínez mandó el correo a su par Martínez De Giorgi cuando ya tenía fijada una audiencia con el acusado, la fiscalía y su defensa para primera hora de este lunes, con vistas a homologar el acuerdo. En ese contexto, a las fuentes judiciales les llamó la atención que para cuando la respuesta llegue, el trámite podría tornarse inútil, ya que el acuerdo entre fiscalía y defensa ya quedaría sellado, sin posibilidades de revisión. Araceli Martínez fue la que recibió en 2022 la denuncia del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro diciendo que habían hackeado su celular.

A inicios de diciembre del 2022, en vísperas de la sentencia contra Cristina Kirchner, se ventilaron supuestos diálogos del entonces funcionario y jueces por la difusión de un viaje a Lago Escondido. La segunda tanda de mensajes se difundió días después para impulsar un juicio político contra la Corte Suprema, tras un fallo contra el Gobierno de Alberto Fernández por coparticipaciónn. La causa por el espionaje a los jueces tiene varios focos.

Una es la denuncia que hizo el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti porque le crearon líneas telefónicas a su nombre y ahí se descubrió que eso también había pasado con otros magistrados y funcionarios, entre ellos los ministros del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La otra es el hackeo que sufrieron al mismo tiempo dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El responsable de participar en esas maniobras de hackeo también ayudó a interferir en los celulares del diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema.

Por el caso fueron detenidos Nuñez Pinheiro y Zanchetta, un ex policía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en base SudamericaData, en donde sólo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas. Ahí aparecía que Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema. Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía.

Del análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se imputó y ordenó el allanamiento del ex funcionario de AFIP y miembro de La Cámpora “Conu” Rodriguez, quien hablaba con el espía y le encargaba “objetivos” y operaciones. También mantuvo diálogos con el diputado K y ex director de Contrainteligencia de la SIDE Rodolfo Tailhade y le mandó datos por chat. “Conu” Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó cinco días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.