El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, autorizó mediante un decreto la venta de un inmueble de la Península de Magallanes, un área provincial protegida frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa de capitales extranjeros. La medida, conocida esta semana, permite construir 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo en las cercanías de El Calafate. El decreto 915/26 autoriza a la firma Lacustre del Sud SA a vender el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU "por única vez y con carácter estrictamente excepcional".

La norma aclara que la autorización se limita exclusivamente a esta operación. Una normativa provincial vigente desde 2017 prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas protegidas, por lo que el decreto constituye una excepción. La Legislatura aprobó por unanimidad el acceso urgente al expediente, y algunos diputados indicaron que se enteraron de la medida por los medios de comunicación.

ASB Hospitality Calafate SAU se constituyó el 27 de julio como sociedad anónima unipersonal, según el acta publicada en el Boletín Oficial el 30 de julio. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad inscripta en Dubai en 2018, titular de los 30 millones de acciones de $1 que forman el capital. La firma tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y su objeto incluye actividades hoteleras, turísticas e inmobiliarias.

Desde el intendente de El Calafate hasta asociaciones ambientalistas, todos se oponen al proyecto "No sabemos nada. Para nosotros fue una sorpresa. Lamentamos que sea así.

Estamos hoy muy preocupados por la situación del parque nacional. Pero no tan solo por la venta de tierra a extranjeros. La preocupación más grande que tenemos los calafateños es el fin para que se compren las tierras.

Acá durante mucho tiempo se ha discutido si se puede o no se puede pernoctar en el glaciar Perito Moreno", relató el intendente de El Calafate, Javier Belloni. "Desde siempre han tratado de resguardar el área desde el punto de vista ambiental. Y a eso sumarle la ley de tierras que estaba vigente el día que el gobernador firmó el famoso decreto el 1 de septiembre. Nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el proyecto", añadió Àngel Serra, de la Asamblea de Vecinos de Calafate.

Además de los ambientalistas, sectores empresariales y turísticos piden mantener prístina la península y conocer el alcance del proyecto. El Concejo Deliberante local reclamó que la comunidad no tuvo posibilidad de opinar sobre la iniciativa.