A casi 15 años del brutal doble crimen de las turistas francesas en la Quebrada de San Lorenzo, la causa que marcó la historia judicial de Salta sumó un capítulo cargado de tensión, gritos y forcejeos. Esta vez, la polémica gira en torno a una medida que involucra directamente a Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, el hombre que estuvo casi 11 años preso por el caso pero era inocente. Ahora, la Justicia ordenó una extracción compulsiva de ADN a Yapura, y había notificado que, en caso de negativa, se dispondría su traslado con el uso de la fuerza pública. El operativo explotó apenas comenzó. El trasfondo de una causa compleja que sigue abierta La decisión judicial se da en el marco de la investigación reactivada por el homicidio agravado de las jóvenes francesas, cuyos cuerpos aparecieron en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. El caso se transformó en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente de Salta, y volvió a cobrar fuerza por una nueva denuncia contra Vera, esta vez por presunto abuso sexual. En este contexto, la defensa de Yapura busca frenar la extracción de ADN, argumentando que la mujer atraviesa un tratamiento oncológico por cáncer de mama y sigue bajo controles médicos y medicación específica. Según los abogados, la amenaza de uso de la fuerza pública le genera “estrés intenso, angustia y afectación emocional severa”, algo que consideran incompatible con su proceso de recuperación. Gritos, forcejeos y un operativo bajo la lupa La Unidad de Litigio Estratégico del Ministerio Público Fiscal había ordenado que Yapura se sometiera a un hisopado bucal, autorizando incluso el uso de la fuerza pública si se resistía. Pero el procedimiento se desmoronó por un error clave: la fiscalía intentó avanzar sin permitir la presencia del perito de control de la defensa. A partir de allí, todo se desbordó. “Quiero que busquen a esa gente maldita y sucia que mató a las chicas. Háganle un hisopado a ellos”, gritaba Yapura mientras era sujetada por efectivos policiales, según relataron testigos del episodio. Los abogados describieron una escena caótica dentro de la Fiscalía 6. Aseguraron que la mujer fue arrastrada por el piso hasta el Servicio de Biología Molecular, en medio de forcejeos y desesperación. El episodio quedó registrado además por periodistas franceses que seguían el caso. Según la defensa, durante el operativo la Policía secuestró un micrófono inalámbrico y también el celular del abogado que filmaba el procedimiento. Finalmente, el hisopado nunca pudo realizarse. ¿Por qué a ella y para qué sirve la muestra? La defensa no solo cuestionó las formas, sino también el fondo de la medida, y sembró dos grandes interrogantes que la Fiscalía todavía no pudo responder con claridad: - Yapura no está imputada: Según el código procesal, una extracción de ADN de este tipo requiere un auto fundado y debe dirigirse a un imputado. “No tenemos la menor idea de por qué apuntan a ella; jurídicamente no hay explicación”, remarcaron los abogados. - El ADN francés, en duda: el defensor Vargas reveló que un perito de parte analizó el perfil genético enviado desde Francia en 2012 y determinó que el estudio está incompleto. Sin la cadena genética total, cualquier intento de comparación con el perfil de Yapura sería biológicamente inviable. La versión de la Fiscalía Mientras tanto, desde el Ministerio Público Fiscal dieron una versión completamente distinta de los hechos. La Fiscalía aseguró que Yapura se resistió violentamente, que intentó morder al personal y que se arrojó al piso para impedir la extracción. También calificó el episodio como una “maniobra armada” y sostuvo que los abogados filmaban sin autorización. Además, informaron que durante el operativo se secuestró un micrófono inalámbrico oculto entre las prendas de la mujer y remarcaron que la extracción de ADN ya se había realizado exitosamente sobre otras 14 mujeres vinculadas a la investigación. Según explicaron, la muestra genética busca comparar un perfil femenino detectado sobre el cuerpo de una de las víctimas para descartar contaminación o transferencia biológica. La línea investigativa, aseguraron, responde a un pedido expreso de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien desde Francia continúa reclamando que se agoten todas las medidas posibles para esclarecer el crimen. Por todo esto, confirmaron que se iniciará una investigación penal contra quienes impidieron la orden judicial, en paralelo a un viaje que la comitiva fiscal realizará a Francia la próxima semana para recolectar nuevas pruebas. El doble crimen de las turistas francesas El crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni conmocionó a la Argentina en julio de 2011, cuando ambas jóvenes aparecieron asesinadas en la Quebrada de San Lorenzo, con signos de abuso y violencia extrema. El caso desató una crisis política y judicial sin precedentes en Salta y tuvo repercusión internacional inmediata. El derrotero judicial de Santos Clemente Vera, un vecino de la zona que siempre defendió su inocencia, se convirtió en uno de los ejemplos más polémicos de la Justicia local. - 2014: La Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó a Gustavo Lasi a 30 años de prisión, pero absolvió a Vera y a Daniel Vilte Lache por el beneficio de la duda. Vera recuperó la libertad. - 2016: El Tribunal de Impugnación de Salta revirtió el fallo y condenó a Vera a prisión perpetua, ordenando su inmediata detención. - 2023: La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la condena a perpetua en diciembre, al considerar que se violó el derecho de defensa de Vera al ser condenado sin un nuevo juicio. El reclamo fue apoyado incluso por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas. Ahora, con Vera nuevamente en libertad y nuevas líneas investigativas abiertas, el intento fallido de obtener ADN de su esposa amenaza con volver a hundir la causa en el mismo laberinto de dudas, escándalos y sospechas que la persigue desde hace más de una década.