El vicepresidente de Corinthians, Armando Mendonça, quedó en el centro de una nueva polémica judicial en Brasil. El Ministerio Público de São Paulo solicitó su prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de materiales deportivos suministrados por Nike. El pedido se produjo después del despido de un directivo del club que es considerado un testigo clave para la acusación.

La presentación fue realizada este viernes por el fiscal Cássio Roberto Conserino ante el 25.º Juzgado Penal de São Paulo, luego de la desvinculación de Marcelo Munhoes, exdirector de Tecnología de la Información de Corinthians. El funcionario había presentado elementos técnicos que contribuyeron a detectar posibles irregularidades y debía declarar en una audiencia de instrucción prevista para el 10 de noviembre. La acusación contra Armando Mendonça y las sospechas de interferencia Según el fiscal, el despido de Munhoes podría representar un intento de intimidar a testigos e interferir en la producción de pruebas.

Conserino también señaló que el presidente de Corinthians, Osmar Stábile, había expresado públicamente su respaldo a Mendonça y consideró que ambos episodios, en conjunto, podrían constituir indicios de una posible interferencia en el proceso judicial. Además, anunció la apertura de una nueva investigación para esclarecer las circunstancias de la desvinculación y determinar si el vicepresidente u otras personas participaron en acciones destinadas a obstaculizar la causa. Mendonça se convirtió en acusado formal en junio de este año y enfrenta cargos por apropiación indebida agravada continuada, tentativa de apropiación indebida agravada continuada, hurto calificado por abuso de confianza y coacción durante el proceso judicial.

De acuerdo con el Ministerio Público, se habría apropiado de 131 artículos deportivos de Nike, intentado obtener 19 camisetas especiales con un parche de la NFL, sustraído ocho unidades de esa edición conmemorativa y amenazado a dos testigos durante la investigación. La causa se originó, en parte, a partir de una auditoría interna solicitada por Stábile, que detectó presuntas irregularidades en la administración de los productos suministrados por Nike. El vicepresidente negó las acusaciones y sostuvo que los problemas de control en el retiro de los materiales se habían producido durante la gestión de Augusto Melo.

También afirmó que la nueva administración había implementado correcciones y cuestionó la validez del informe por considerar que contiene numerosas fallas. La defensa rechazó el pedido y cuestionó al fiscal A través de un comunicado, la defensa de Mendonça expresó su "asombro y sorpresa" por la solicitud de prisión preventiva y calificó la medida como "absolutamente improcedente e ilegal". Los abogados sostuvieron que el despido de Munhoes responde a cuestiones internas y políticas del club, y señalaron que el exdirector se habría presentado como candidato en una lista opositora para las próximas elecciones de Corinthians.

En ese sentido, remarcaron que la designación y desvinculación de los integrantes de la dirigencia son atribuciones de la presidencia de la institución. Además, la defensa cuestionó la imparcialidad de Conserino y lo acusó de mantener una cercanía con las disputas políticas internas de Corinthians. Como argumento, señaló que el propio fiscal habría reconocido en su presentación que mantiene un canal de comunicación directo con Munhoes, quien le manifestó su descontento por el despido.

Los abogados también destacaron que, según su interpretación, el exdirector no mencionó a Mendonça como responsable de su desvinculación en el correo electrónico enviado al fiscal. Por último, la defensa vinculó el pedido de prisión con la reciente confirmación de una fecha por parte del Tribunal de Justicia de São Paulo para tratar un habeas corpus en el que se solicita el cierre de la causa por presuntas ilegalidades. Si bien anticipó que realizará las presentaciones correspondientes ante la Justicia y los organismos de control del Ministerio Público, aseguró que mantiene su "plena e integral confianza en la Justicia" para combatir los abusos y proteger las garantías individuales.

Por el momento, el pedido de prisión preventiva constituye una solicitud de la acusación y no implica, por sí mismo, que la medida haya sido concedida.