Un vecino de Junín denunció haber sido víctima de una maniobra de extorsión virtual tras ingresar a una página de citas y terminó transfiriendo cerca de un millón de pesos por las amenazas que recibía. La investigación, encabezada por la fiscal Vanina Lisazo y llevada adelante por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, permitió establecer que las intimidaciones se originaban desde el interior de la Unidad Penitenciaria 16, donde se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares clave para la causa. Cómo operaba la banda que extorsionaba a las víctimas La investigación comenzó luego de que un profesional de Junín denunciara que empezó a recibir llamadas y mensajes amenazantes tras ingresar a sitios web de anuncios de servicios de compañía.

Según la causa, los extorsionadores le exigían el pago de una supuesta deuda y utilizaban información personal de la víctima y de integrantes de su familia para incrementar la presión psicológica. A raíz de las amenazas, el hombre realizó varias transferencias que totalizaron una suma cercana al millón de pesos. Sin embargo, los reclamos económicos continuaron incluso después de haber efectuado los pagos.

Ante la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 ordenó una serie de medidas que incluyeron requerimientos a empresas de telefonía, plataformas digitales, entidades bancarias y billeteras virtuales. Los especialistas en ciberdelitos también realizaron análisis de geolocalización y del tráfico de comunicaciones, lo que permitió reconstruir el circuito utilizado por los sospechosos y detectar el origen de las maniobras. Los allanamientos que apuntaron a la cárcel de Junín De acuerdo con los resultados de la investigación, los detectives determinaron que las extorsiones eran coordinadas desde la Unidad Penitenciaria 16 de Junín.

Los investigadores identificaron como principal sospechoso a un interno conocido por el alias de El Bebé y detectaron dispositivos telefónicos que habrían sido utilizados para concretar las comunicaciones con la víctima. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos tanto dentro del penal como en una casa de Junín donde, según la pesquisa, se habría recibido parte del dinero transferido. Durante el procedimiento en la cárcel fueron secuestrados dos teléfonos celulares Samsung y una tarjeta SIM, elementos considerados fundamentales para avanzar con la causa.

Además, un interno fue notificado de la formación de una causa por presunta defraudación informática. En paralelo, en el domicilio allanado los efectivos encontraron 10 plantas de marihuana, por lo que intervino la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes y se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley 23.737. Ahora, los celulares secuestrados serán sometidos a pericias informáticas forenses para extraer evidencia digital.

Los investigadores buscan determinar si existieron más participantes en la maniobra y establecer el alcance completo de una modalidad delictiva que, según los primeros indicios, combinaba operaciones desde el interior de la cárcel con colaboradores fuera del penal.