El gobernador almorzó la semana pasada con el eterno jefe del gremio de los gastronómicos, Luis Barrionuevo. Fueron comensales también el ministro Miguel Siciliano y el delegado en Córdoba de UTGRA, Juan Russelot. Al histórico cacique sindical le preocupa que Llaryora se acerque a un eventual armado amplio con el gobernador de Buenos Aires.

Al sanfrancisqueño le interesa mantener aceitada la relación con un hombre fuerte con terminales en la oscura zona donde se tocan la política y los negocios. También en la semana que pasó el mandatario provincial se reunió con el pastor evangélico y candidato de diseño Dante Gebel en un hotel de la zona de Puerto Madero. Según su círculo cercano quiso conocer de primera mano al protagonista de un experimento indescifrable para la política local.

Para otros sólo fue una gentileza para responder a un pedido de encuentro del outsider que hace 20 años vive en Miami pero aspira a ser presidente de Argentina. La variedad de interlocutores que mantiene el llaryorismo es tan amplia como indescifrable para quienes necesitan trabajar líneas concretas de gestión o políticas públicas. Se pueden sumar al conteo los colegas gobernadores como Maximiliano Pullaro con quién reconocen labores de coordinación constantes que nadie se esfuerza en ocultar pero también con Axel Kicillof, con quién Martín Llaryora mantiene diálogo frecuente por asuntos comunes aunque lo nieguen rotundamente desde el Panal.

Así de oscilante es la estrategia de comunicación que comenzó con fervorosas y encendidas referencias a “los pituquitos de Recoleta” y terminó con un temeroso silencio por el demoledor efecto que tuvo en la imagen que sondearon las encuestas. Además pasó del “modelo de gestión cordobés” a impulsar una baja de impuestos luego de reconocer que algunos estaban elevados. De defender la obra pública como marca distintiva de los gobiernos peronistas a decir que las resigna para pagar mejores salarios a los docentes.

De enfrentarse a los gremios de empleados públicos por imponerles mayores descuentos para el Apross y la Caja de Jubilaciones a indicarles a funcionarios e intendentes que salgan a subrayar públicamente que Córdoba paga los mejores sueldos a sus agentes. La marca del cordobesismo ha pasado a ser la indefinición que es muy buena para negociar votos en el Congreso pero puede resultar costosa para gobernar y juntar votos para el 2027. “No sabemos si Llaryora es opositor o aliado de Milei”, dice un gremialista que negocia con el ejecutivo y asegura estar cada vez más descolocado ante tantos giros políticos. La mayoría de los liderazgos se construyen sosteniendo incómodos posicionamientos a mediano y largo plazo sin renunciar al pragmatismo siempre necesario.

Por el momento los gestos de los legisladores nacionales en el Congreso no redituaron en beneficios concretos para la provincia. Sin embargo, un ministro al tanto de las negociaciones asegura que la Nación presentará un plan de pagos por la deuda de la Caja en los próximos días. Pero no sería fruto de los acercamientos con el gobierno libertario sino porque Milei no quiere enfrentarse a la Corte Suprema que, en conciliación, le dio la razón a Córdoba por la deuda reclamada.

Son 13 las provincias que reclaman por incumplimientos y la pregunta que se impone es si la Casa Rosada estará dispuesta a afrontar montos enormes sin resignar el superávit que tanto destaca Toto Caputo. Si no lo hace le dará la razón al historiador de la economía argentina, Pablo Gerchunof, que sostiene que en realidad el superávit es deuda no cancelada. Jury a los fiscales La Legislatura es escenario de un inédito juicio político contra tres fiscales en simultáneo: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Son los instructores de la causa por el crimen de Nora Dalmasso, a quienes la familia Macarrón acusa de mal desempeño y negligencia grave al ignorar pruebas fundamentales como el ADN que incriminan a un obrero de la construcción. Por lo bajo se debaten las implicancias políticas de una causa que atrajo la mirada de todo el país y dejó mal parado a un sistema judicial que hizo imputaciones disparatadas y que llegó a juicio con un argumento tan endeble que el propio fiscal del juicio, Julio Rivero, desistió de pedir condena y solicitó la absolución del viudo. Cuando se escuchen los veredictos se despejarán más dudas políticas que judiciales ya que se podrá tener un panorama de cuál es la tolerancia del sistema frente al accionar en causas resonantes.

También se podrá conocer si se sienta un precedente para aplicar en adelante. Aunque a muchos les gusta trazar pronósticos sobre la evolución del juicio lo único cierto hasta ahora es que Di Santo parece acorralado frente a una instrucción que duró diez años y tuvo 2 años y siete meses sin una sola actuación en el expediente. Cuando se quebró en llanto ante el tribunal dejó ver la fragilidad de su posición.

Miralles optó por una defensa de alto perfil con el ex camarista Emilio Andruet como abogado. Por su lado, Pizarro es quién parece más tranquilo ante la acusación ya que se escuda en el hecho de que fue el único que elevó a juicio la causa. Lo que pase el 12 de mayo, cuando concluya el proceso, la clave de lectura de la sentencia deberá ser eminentemente política.