En un país estable, con reglas claras y no cambiantes, la normalidad debería ser moneda de todos los días y no llamar para nada la atención. Pero claro está que durante largas décadas Argentina no ha sido un país ni estable, ni con reglas permanentes y eso es lo que explica por qué la «normalización» buscada en el sector energético por el gobierno nacional ha tenido no solo un camino complejo, sino también que por momentos, como el actual, llamó la atención. El largo camino de la normalización tuvo su paso en firme en junio de 2024, hace casi dos años atrás, con la aprobación de la llamada Ley Bases. Hoy, con el diario de muchos lunes después, algunos de los efectos buscados están a la vista, y llaman la atención. Con esto me refiero a la no intervención del Estado en momentos de crisis como el que desde hace más de un mes genera en el sector de la energía el conflicto en Medio Oriente. En otras épocas, y con crisis mucho menores, se apeló a medidas como el congelamiento del precio de los combustibles fijado desde Nación, con el fin de evitar el impacto inflacionario que la suba de los surtidores genera. También la historia reciente argentina marca que se apeló a la instrumentación de una suerte de «barril criollo» a la inversa, fijando desde el Estado un precio inferior al internacional con la meta final de que, de nuevo, no subieran los combustibles. Estas medidas, que en una primera lectura parecieran tener un sentido de proteger al mercado doméstico, terminaron generando daños a la misma industria, en especial por ir en contra de las reglas que rigen en la enorme mayoría de países del mundo que no son otras que las del libre mercado, o dicho de otra forma, por ir en contra de la normalidad del resto del mundo. El actual congelamiento del precio de los combustibles es una muestra de cómo puede hacerse una medida similar, pero sin daño mayor, ya que se trata de un acuerdo intraindustria impulsado por YPF desde su posición dominante, pero con la visto bueno del resto del sector y si la imposición del Estado. Las privatizaciones de Transener y la importación del GNL Por otro lado, se ha avanzado en estos últimos días en la privatización de algunas de las cientos de funciones que cual pulpo, había asumido el Estado nacional en el sector energético en reemplazo del sector privado. Una de estas es la participación de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) en Transener, la empresa encargada del transporte mayorista de alta tensión. Las ofertas de empresas privadas interesadas en quedase con la porción que estaba a cargo del Estado se conocerán hoy, en lo que promete ser un camino hacia una administración más competitiva. Algo similar sucede con la importación y comercialización de gas natural licuado (GNL) para el consumo local. Si bien en este caso siempre fue el Estado el que tuvo este rol desde el inicio de las importaciones en 2008, la meta de la actual gestión de Javier Milei es que el proceso esté a cargo de privados, que sean los que en las reglas de competencia puedan brindar un servicio más eficiente y que al final del día se traduzca en un menor costo de importación por un lado, pero en especial en que su costo no pase de inmediato al reglón de los subsidios. El cuadro hacia la normalización es mucho más extenso, así como las distorciones que se habían generado en especial en torno a Enarsa y Cammesa, la Compañía Adminsitradora del Mercado Mayorista Eléctrico que se había ido convirtiendo en un verdadero aloe vera de la cantidad de funciones que cumplía. Una marañaza que promete que aún hay mucho más camino por andar. En un país estable, con reglas claras y no cambiantes, la normalidad debería ser moneda de todos los días y no llamar para nada la atención. Pero claro está que durante largas décadas Argentina no ha sido un país ni estable, ni con reglas permanentes y eso es lo que explica por qué la "normalización" buscada en el sector energético por el gobierno nacional ha tenido no solo un camino complejo, sino también que por momentos, como el actual, llamó la atención.