La última medición de la consultora brasileña AtlasIntel en conjunto con Bloomberg confirmó un deterioro sostenido en la percepción pública del gobierno de Javier Milei. El informe Latam Pulse Argentina, relevado entre el 24 y el 28 de abril de 2026 sobre más de 4.800 casos, muestra que apenas el 35,5% de los argentinos aprueba la gestión presidencial, mientras que el 63% la desaprueba, consolidando un descenso que se arrastra desde fines de 2025, cuando el respaldo se ubicaba en torno al 44%. El dato no sólo marca el nivel más bajo desde la asunción del mandatario, sino que confirma una tendencia mensual descendente.

En febrero de 2026 la aprobación alcanzaba el 41,5% y la desaprobación el 55,3%; un mes después, el respaldo cayó a 36,4% mientras el rechazo rozaba el 62%, evidenciando un deterioro acelerado en un período corto. Esta dinámica ubica al gobierno en una fase de desgaste temprano, con un diferencial negativo que supera los 25 puntos, una brecha significativa para un presidente en la primera mitad de su mandato. El deterioro es más marcado entre las mujeres, donde solo el 25,4% mantiene una opinión favorable del mandatario, y en los sectores de menores ingresos, donde la desaprobación alcanza el 82,4% entre quienes perciben menos de $630.000 mensuales.

En la misma línea, la evaluación general de la administración nacional también empeoró: el 59,3% califica la gestión como mala o muy mala, frente a apenas un 30,6% que la considera buena o excelente. El relevamiento también incorpora un ranking de imagen de dirigentes políticos en el que Milei deja de liderar con holgura. Según distintas mediciones asociadas al mismo monitor regional, figuras opositoras —entre ellas gobernadores como Axel Kicillof (46% imagen positiva) y la de la dirigente trotskista Myriam Bregman (47 por ciento de imagen positiva y 46 de negativa) — comenzaron a mostrar mejores niveles de imagen relativa, mientras que incluso dentro del oficialismo algunos funcionarios presentan valoraciones más estables que la del propio presidente.

Este corrimiento sugiere una fragmentación del liderazgo político y una pérdida de centralidad del jefe de Estado en la opinión pública. En paralelo, la encuesta profundiza sobre la agenda de preocupaciones sociales. La corrupción (50,3%) aparece como el principal problema mencionado por los encuestados, seguida muy de cerca por el desempleo (38,5%) y la inflación (35,3%), y luego por el deterioro institucional y la situación económica general.

La reiteración de estos tópicos en distintas mediciones indica que el malestar no responde a un único factor coyuntural, sino a una combinación de variables económicas y políticas que impactan en la evaluación del gobierno. El componente económico, en particular, explica buena parte del desgaste. Más allá de ciertos indicadores macro que el oficialismo exhibe como logros —equilibrio fiscal o desaceleración previa de la inflación—, distintos análisis coinciden en que la percepción social está dominada por la experiencia cotidiana.

Se observa una caída del consumo en bienes básicos, aumento del endeudamiento de los hogares y una expansión del empleo informal, con trabajos precarios que reemplazan puestos formales. Este fenómeno configura una “microeconomía en crisis”, donde amplios sectores no logran percibir mejoras tangibles en su nivel de vida. El informe refleja que el 74% considera que el mercado laboral está en mal estado, el 68% evalúa negativamente la economía general del país y el 58% asegura que la situación económica de su hogar es mala.

Consultado sobre la proyección a futuro, el 56% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses y el 49% anticipa un deterioro en la situación de su familia. La percepción sobre la inflación reciente alcanzó los 31,7 puntos, mostrando que la presión de precios sigue golpeando y el 55,2% prevé reducir la compra de bienes duraderos en los próximos meses. La precarización se expresa también en la calidad del empleo: crecen ocupaciones de baja remuneración y sin estabilidad —como repartidores o trabajadores informales— mientras se contrae el empleo registrado.

A esto se suma una recuperación desigual del consumo, impulsada principalmente por sectores de mayores ingresos, en contraste con la caída en productos esenciales como alimentos. En ese contexto, el desfasaje entre los indicadores agregados y la realidad cotidiana alimenta la desconfianza y erosiona la legitimidad del programa económico. En ese aspecto, entre quienes se endeudaron, el 82,8% lo hizo para comprar alimentos, el 60,7% para cubrir servicios básicos y el 45% para pagar deudas anteriores, lo que refleja una situación de sobreendeudamiento estructural con la tarjeta de crédito sigue siendo la herramienta más utilizada, seguida por préstamos de billeteras virtuales y bancarios.

El informe concluye con un dato contundente: más de la mitad de la población reconoce que sus ingresos no alcanzan. El 27% asegura que debe ajustar gastos mes a mes para subsistir, otro 27% además genera deudas, y solo el 23% afirma que puede cubrir sus gastos y ahorrar. El informe de AtlasIntel y Bloomberg, por lo tanto, no sólo registra una caída en la aprobación presidencial, sino que funciona como síntesis de un clima social más amplio: expectativas en retroceso, percepción de deterioro económico y creciente insatisfacción política.

La combinación de estos factores explica por qué el apoyo al gobierno se ubica hoy en torno a un tercio de la población, mientras se consolida una mayoría crítica que cuestiona el rumbo de la gestión.