En su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que el presidente Javier Milei haya suscripto acuerdos con el criptoempresario Hayden Mark Davis en el marco del proyecto de la criptomoneda Libra y cuestionó la validez de versiones difundidas a partir de filtraciones del expediente judicial. La respuesta oficial, incluida en el “Informe 145” enviado al Congreso minutos antes de su exposición, forma parte de una de las más de 2100 preguntas que los bloques parlamentarios elevaron al Ejecutivo. Allí, la Jefatura de Gabinete sostuvo que “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento” entre autoridades nacionales y Davis, el empresario Mauricio Novelli u otras firmas asociadas al proyecto.

El documento también descarta la existencia de borradores, cartas de intención o memorandos vinculados a eventuales acuerdos en materia de activos digitales. “Igual respuesta cabe respecto de la existencia de memorandos, borradores o mensajes que aludan a pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos”, señala el texto. En ese marco, el Gobierno apuntó contra el origen de parte de las consultas parlamentarias. Según la respuesta oficial, varias preguntas “se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”.

Y agrega: “No es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”. Adorni sostuvo además que una porción relevante de la información solicitada se encuentra bajo reserva judicial. La causa vinculada al criptoactivo $LIBRA —identificada como N° 574/2025— tramita en el fuero criminal y correccional federal, por lo que su divulgación podría “comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

En relación con posibles pagos o beneficios a funcionarios, el informe es terminante. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”, afirma. La misma respuesta se aplica a versiones sobre transferencias, honorarios o contraprestaciones ligadas a reuniones o gestiones vinculadas al proyecto. Tampoco hay datos oficiales, según el Ejecutivo, sobre eventuales comunicaciones entre funcionarios y empresarios en fechas clave del lanzamiento del token. “En los organismos de la Administración Pública Nacional no se dispone de información institucional al respecto”, indica el texto, que remite cualquier precisión al ámbito judicial.

El informe sí enumera las medidas adoptadas tras el episodio. Entre ellas, la creación de una Unidad de Tareas de Investigación mediante el Decreto 114/25 y la intervención de la Oficina Anticorrupción, que inició actuaciones de oficio el 18 de febrero de 2025 y luego remitió documentación a la Fiscalía Federal N° 3. También se menciona una investigación de la Comisión Nacional de Valores, que fue archivada el 16 de abril de ese año tras “agotarse” las tareas de análisis.

En cuanto a las reuniones mantenidas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas luego vinculadas al caso, el Gobierno señaló que fueron registradas conforme a la normativa de acceso a la información pública y que ya fueron difundidas. El texto oficial insiste en delimitar el alcance de las respuestas. Frente a preguntas sobre conductas personales de funcionarios —incluida la actuación previa de Adorni como vocero presidencial—, la Jefatura de Gabinete sostiene que se trata de aspectos ajenos a las funciones previstas en la Constitución para su cargo actual.

Sobre la naturaleza del proyecto, el Ejecutivo remarca que Libra fue presentado como una iniciativa privada. En ese sentido, afirma que el Estado no avaló ni garantizó su funcionamiento ni sus promesas, y que no dispone de información institucional sobre el supuesto mecanismo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas que habría promocionado el criptoactivo. En sus consideraciones finales, el informe sostiene que el Gobierno actuó “con celeridad y responsabilidad institucional” y que colaboró con la Justicia desde el inicio. “Será la justicia quien evalúe la prueba producida y adopte las conclusiones que correspondan”, concluye el documento, al tiempo que reitera su disposición a brindar información al Congreso dentro de los límites que impone la investigación en curso.