El paquete de medidas que impulsó el gobierno de Pedro Sánchez combinaba la intervención directa en el mercado de alquiler con restricciones a la especulación. • Suspensión de desalojos: el proyecto paralizaba los desalojos de hogares vulnerables hasta el año 2030, acompañada por una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 para dar estabilidad a los inquilinos. • Restricciones a fondos buitres: prohibía la adquisición masiva de viviendas por parte de fondos de inversión especulativos, bajo el principio de que los inmuebles residenciales deben priorizarse para vivir y no como activos financieros puramente lucrativos. • Regulación de alquileres: para tapar los vacíos legales que fomentaban el fraude en contratos de corta duración, se endurecía el control sobre los pisos turísticos y el alquiler por habitaciones. • Incentivos fiscales y bonificaciones: se establecía mecanismos de desgravación y bonificaciones fiscales dirigidos a aquellos propietarios que decidan bajar voluntariamente las rentas del alquiler. • Apoyo a la compra y rebaja de IVA: se proyectaban líneas de ayuda orientadas a facilitar la adquisición de la primera vivienda para sectores sin ahorros previos, junto con una reducción del IVA aplicable a la construcción de viviendas protegidas de calificación permanente.