Como parte de la negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno ofrece mantener reducidas las contribuciones patronales de las universidades. Se trata de los aportes obligatorios que las instituciones educativas —en su carácter de empleadoras— deben ingresar a los subsistemas de la seguridad social por cada uno de sus trabajadores (docentes, no docentes y autoridades). La Casa Rosada busca combinar un acuerdo sobre el régimen administrado por ARCA con una mejora de las partidas del Presupuesto 2027 para acercar posiciones con las casas de estudio. En el Ejecutivo confirman que la cuestión de las contribuciones forma parte de las herramientas que están dispuestos a negociar, aunque todavía no está definida la alícuota que propondrán. Las conversaciones sobre este punto se vienen desarrollando de manera informal con las universidades y no existe por ahora un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional. La discusión parte de un régimen creado en 2010 para determinadas universidades nacionales que arrastraban deudas previsionales. El Decreto 1571/2010 fijó para las instituciones alcanzadas una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial, integrada por 8,67% con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino y 1,5% al PAMI. El beneficio alcanza específicamente a las universidades nacionales que registraban al 31 de diciembre de 2009 las deudas previstas por la norma y que ingresaron en los respectivos planes de regularización. La tasa del 10,17% se mantiene mientras siga pendiente la cancelación de esa deuda. Ese régimen fue modificado en 2023. El Decreto 645/2023 sustituyó el artículo que regulaba la salida del beneficio y estableció que las universidades no pasan directamente a la alícuota general cuando terminan de pagar, sino que ingresan en una escala progresiva de convergencia. Para las instituciones que cancelen la deuda, la alícuota correspondiente a SIPA y PAMI es del 13,65% en 2026 y sube al 14,52% en 2027. Luego pasa al 15,39% en 2028, 16,26% en 2029 y 17,13% en 2030. Recién desde el 1 de enero de 2031 deben aplicar las alícuotas generales que correspondan al sector público. Ese punto es central para la negociación. En la UBA aseguran que el salto que enfrentan no es directamente hacia una carga del 24%, sino hacia la escala progresiva fijada por el Decreto 645/2023. La universidad se encuentra entre las instituciones cuyo plan de regularización está próximo a finalizar y busca evitar un incremento significativo de sus obligaciones sobre la masa salarial. El Gobierno analiza utilizar esa situación para construir un acuerdo más amplio. En Nación aseguran que están dispuestos a negociar por la vía de ARCA una continuidad o modificación del tratamiento reducido, pero todavía no definieron el porcentaje ni el instrumento normativo con el que avanzarían. Desde la UBA remarcan que no hay nada resuelto y que las conversaciones son informales. También advierten que el aumento de las contribuciones tiene un impacto directo sobre sus cuentas porque cerca del 90% de sus recursos se destina a salarios y alrededor del 10% a gastos de funcionamiento. La discusión tampoco comprende automáticamente a todas las universidades nacionales bajo las mismas condiciones. El régimen del Decreto 1571 alcanza a las instituciones que reunían los requisitos vinculados con aquellas deudas previsionales. Algunas ya terminaron sus planes y comenzaron a transitar la escala de convergencia, mientras otras todavía conservan la alícuota reducida. La Casa Rosada quiere incorporar este capítulo a la negociación por el Presupuesto 2027. El Ejecutivo admite que está dispuesto a incrementar los recursos universitarios respecto del proyecto enviado al Congreso, pero descarta llevarlos hasta los aproximadamente $11 billones reclamados por el CIN. La estrategia oficial es que el alivio sobre las contribuciones permita achicar parte de la diferencia sin cubrirla exclusivamente mediante mayores transferencias presupuestarias. En el Gobierno sostienen que un acuerdo debe contemplar en conjunto los fondos para las universidades y el tratamiento de sus obligaciones ante ARCA. El segundo objetivo es modificar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo ya había intentado avanzar con cambios durante las sesiones extraordinarias de febrero, pero el proyecto no prosperó. Ahora busca retomar esa discusión dentro de la negociación del Presupuesto y reemplazar el esquema vigente por uno acordado con sectores universitarios y bloques aliados. La presión aumentó además por el frente judicial. Este miércoles, el juez Martín Cormick dispuso multas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes y los fondos destinados a becas. La medida provisoria continúa vigente mientras se tramita por separado la apelación oficial contra el fallo sobre la aplicación de la ley. El plan de la Casa Rosada es cerrar simultáneamente los tres frentes: Presupuesto, contribuciones patronales y disputa judicial. Para eso busca acordar mayores partidas para 2027 y un tratamiento favorable de las obligaciones previsionales a cambio de modificar la Ley de Financiamiento Universitario. La alícuota que ofrecerá, el alcance entre las universidades y el mecanismo normativo todavía forman parte de la negociación.