En un contexto atravesado por cuestionamientos y ruido político, el oficialismo volvió a reunir a su mesa de conducción para intentar ordenar el frente interno y definir los próximos pasos. El encuentro, impulsado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se dio luego de días complicados marcados por el resurgimiento del caso $LIBRA y la controversia por el uso de vuelos vinculados a funcionarios. La cita, según señalaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito, tuvo como eje formal la coordinación de la agenda parlamentaria, con iniciativas que el Gobierno pretende llevar al Congreso en las próximas semanas.

Entre las iniciativas que integrarán el paquete legislativo figuran cambios en el Código Penal con el objetivo de endurecer las penas, además de un conjunto de proyectos vinculados a la defensa de la propiedad privada. Dentro de ese grupo aparecen modificaciones a la ley de expropiaciones, la ley de tierras, la ley de manejo del fuego y un esquema de regularización dominial para la integración socio-urbana. El Gobierno definió enviar un paquete de leyes al Congreso La agenda también contempla avanzar con reformas en otras normas sensibles, como la ley de Glaciares, la ley de Discapacidad y el sistema de financiamiento universitario, que el Gobierno pretende revisar para compatibilizarlos con la meta de equilibrio fiscal.

De la reunión participaron varios de los principales dirigentes del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, además de otros funcionarios y armadores políticos del espacio. Sin embargo, más allá del temario, la reunión funcionó como un espacio de contención frente a las tensiones acumuladas. Las nuevas revelaciones en torno a la criptomoneda $LIBRA reactivaron cuestionamientos sobre posibles vínculos con el oficialismo, mientras que la polémica por los traslados aéreos de Adorni sumó un frente inesperado de críticas.

En ese marco, la prioridad pasó por unificar criterios y evitar fisuras en el discurso público, en un momento donde cada episodio escala con rapidez.