La incertidumbre sobre el derecho al voto en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2026 surge entre quienes no participaron en la primera jornada electoral. Según informació de Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ningún ciudadano pierde la posibilidad de votar en la segunda vuelta por tener una multa pendiente. Incluso si la sanción por no sufragar o por no cumplir con la función de miembro de mesa sigue sin pagarse, el acceso a las urnas permanece garantizado.

De acuerdo con voceros del JNE, la presencia de una multa vigente no representa un obstáculo. “Nadie le puede impedir el ejercicio de su derecho de voto, absolutamente nadie. Yo puedo tener vigente esta multa o tener vigentes multas anteriores, pero nadie me puede impedir el ejercicio del voto”, señalaron. El sistema electoral peruano establece el voto como un derecho fundamental y obligatorio para la ciudadanía.

La existencia de una sanción por omisión al sufragio no elimina la facultad de participar en la segunda vuelta, ni en procesos electorales siguientes. Esta garantía se mantiene para todos los electores, sin distinción de antecedentes administrativos. Multas por no votar El no asistir a votar o incumplir el rol de miembro de mesa genera una multa electoral, según detalla la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El importe varía según la clasificación socioeconómica del distrito registrada en el DNI de cada elector. Para distritos catalogados como no pobres, la multa asciende a S/110; en zonas de pobreza no extrema equivale a S/55; y en distritos de pobreza extrema se reduce a S/27,50. Si el ciudadano fue designado miembro de mesa y no cumplió esa función, la sanción adicional es de S/275, lo que corresponde al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

Ambas multas pueden acumularse si se omite el deber de votar y además no se cumple el cargo asignado, superando los S/385 en distritos no pobres. Restricciones administrativas Aunque el derecho al voto está protegido, la deuda electoral activa sí genera restricciones en el ámbito administrativo. Los expertos advierten que quienes no pagan la multa se registran como infractores en el padrón de omisos del JNE, lo que limita la posibilidad de realizar diversos trámites ante entidades públicas.

Entre las gestiones afectadas figuran la obtención de documentos oficiales, solicitudes ante instituciones estatales y otros procedimientos administrativos. Estas restricciones se mantienen hasta que el ciudadano regulariza su situación, ya sea cancelando la multa o presentando una dispensa válida que justifique la ausencia en la jornada electoral. Las causales para solicitar una dispensa incluyen problemas de salud, viajes al extranjero, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias, siempre que se documenten y se presenten dentro de los plazos establecidos por el JNE.

Procedimientos y recomendaciones Las autoridades recomiendan cumplir con el deber cívico o, en caso de ausencia justificada, gestionar la dispensa electoral de manera oportuna ante el JNE. Además, quienes hayan sido designados miembros de mesa pueden presentar excusas antes del día de votación, sustentando los motivos con la documentación exigida por la ONPE. La normativa electoral peruana busca asegurar la participación ciudadana en todos los procesos democráticos, por lo que mantiene el acceso al voto como un derecho inviolable, aun cuando existan deudas pendientes por multas electorales.

El pago de las sanciones o la gestión de dispensas se convierte así en un requisito indispensable para evitar restricciones en trámites estatales, sin afectar el derecho fundamental a participar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026.