La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que, diez años después, las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia en estas elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila, al sureste del país, sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los años 2000 en las filas de las FARC.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 ex-guerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica. La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil.

Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por ex-combatientes y víctimas del conflicto. Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y ésa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral.

La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. Quien lideró las encuestas para el primer turno, el senador oficialista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro. Su contendiente, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, en cambio, propone una guerra frontal.

La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenca.

A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar. De su lado, la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares.

Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia: “Los presionan a reingresar o morir”, dice Chala. Agencia AFP PB Sobre la firma