Este martes, el oficialismo volverá a reunir a las comisiones para dictaminar el proyecto que habilita el acuerdo con los fondos que mantuvieron litigios contra la Argentina por el default de 2001. La nueva convocatoria surge tras la incorporación de una adenda que extendió los plazos originales y obligó a retirar el expediente de la última sesión prevista. El Senado debatirá en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversiones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ratificar el acuerdo alcanzado con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior al default de 2001.

La iniciativa contempla además la autorización para que el Estado argentino cancele las obligaciones derivadas de esos litigios. La reunión estará encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Participarán también funcionarios del Ejecutivo: el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija.

La adenda que obligó a volver a comisión La Libertad Avanza había conseguido a fines de abril un dictamen de mayoría sobre el proyecto. Sin embargo, el procurador del Tesoro informó la semana pasada una prórroga hasta el 31 de mayo para la ratificación del acuerdo, cuando originalmente estaba prevista para el 30 de abril. La modificación no había sido comunicada previamente a los aliados del oficialismo en la Cámara alta.

La situación derivó en el retiro del expediente que iba a tratarse en la última sesión y en la convocatoria a una nueva reunión de comisiones para que funcionarios del Ejecutivo explicaran los cambios incorporados. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, encabezó las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista. En paralelo, Agustín Monteverde solicitó en el recinto que el proyecto regresara a comisión.

Tras la firma de los dictámenes prevista para este martes, el oficialismo espera llevar la iniciativa al recinto del Senado en la próxima sesión. Qué modifica la adenda del acuerdo Según el texto oficial, la adenda únicamente actualiza el listado de bonos incluidos en el Anexo A para reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores. El Gobierno sostiene que la modificación “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”.

Además, remarca que el acuerdo de conciliación establece una exoneración total para el Estado argentino. El monto total del entendimiento se mantiene en US$104 millones porque fue calculado exclusivamente sobre la base de sentencias emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen esos fallos. Los reclamos vinculados con bonos considerados prescriptos habían sido rechazados y no integraron el cálculo final.

El acuerdo alcanzado en Nueva York El entendimiento definitivo se cerró ante tribunales de Nueva York entre representantes de la Argentina y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. El acuerdo exige su presentación y posterior ratificación por parte del Congreso argentino. El Presidente remitió el proyecto al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Posteriormente, Patricia Bullrich definió su giro a las comisiones correspondientes. El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos declarada tras el default. El texto enviado al Senado establece que “la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67 millones”.

Además, contempla pagos por US$104 millones al grupo Attestor. El cierre de litigios y la protección de activos argentinos El acuerdo prevé también suspender litigios vinculados con los bonos alcanzados y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque las partes conservarán el derecho de preservar posiciones sobre resoluciones previas. El entendimiento busca además desactivar potenciales ejecuciones judiciales sobre activos argentinos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

De avanzar en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, el acuerdo marcará el cierre definitivo de los litigios originados tras el default declarado por la Argentina en 2001.