La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado volverá a poner sobre la mesa este martes los expedientes que dotan de aval legal al acuerdo cerrado por el Gobierno con los acreedores remanentes del default de 2001. La movida llega después de que el jueves pasado se cayera en el recinto la aprobación del plan de pago a dos "fondos buitre" por 171 millones de dólares, tras la incorporación de modificaciones técnicas de último momento que generaron malestar opositor. La cita del martes y los funcionarios convocados El encuentro está agendado para este martes a las 16 en el Salón Illia de la Cámara alta.

Allí expondrán tres funcionarios clave del Ejecutivo: el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija. La presencia conjunta refleja la voluntad oficial de despejar dudas técnicas y destrabar el tratamiento en comisión. El entendimiento alcanzado en los tribunales norteamericanos contempla una quita cercana al 30% sobre las sumas originalmente reclamadas.

Bajo esos términos, el Estado argentino deberá desembolsar 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y otros 104 millones al grupo de holdouts liderado por Attestor Value Master Fund LP. La suma total asciende, así, a los 171 millones de dólares que ahora requieren del visto bueno del Parlamento. Qué se destraba con el aval del Congreso La validación legislativa no es un trámite menor.

Su aprobación permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la justicia de Estados Unidos sobre activos soberanos argentinos. Entre los bienes alcanzados figuran acciones de Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, cuya eventual ejecución podría haber comprometido el patrimonio público en el exterior. La carrera contra el calendario El factor tiempo es otra variable que aprieta.

La justicia norteamericana había fijado originalmente como fecha límite el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei consiguió una prórroga hasta el 31 de mayo. Cualquier nueva demora en el tratamiento parlamentario podría poner en riesgo ese plazo y reactivar el escenario adverso para las arcas del Estado. Qué pasó la semana pasada en el recinto En la sesión del jueves pasado, en la que el oficialismo logró aprobar el pliego de Carlos Mahiques para que continúe al frente de la Cámara Federal de Casación Penal, también estaba prevista la votación del plan de pago.

Sin embargo, la inclusión de adendas técnicas que modificaban decenas de artículos respecto del texto original despertó cuestionamientos de la oposición. El malestar terminó por hacer caer el tratamiento, que debió regresar a comisión para una nueva discusión. El desafío del oficialismo Para cumplir con los plazos pactados antes del 31 de mayo, el Gobierno deberá ahora acelerar la firma del dictamen y conseguir su votación en tiempo récord.

La administración libertaria buscará evitar un nuevo traspié, ya que un escenario sin ley implicaría la caída del acuerdo y la reactivación de los embargos sobre los activos soberanos en el exterior.