La convocatoria formalizada por Victoria Villarruel para dos sesiones en el Senado marca un momento clave para la agenda legislativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que busca cerrar temas sensibles antes de la inauguración del período ordinario del Congreso el 1 de marzo. Además de la reforma laboral, que ya generó debate en ambas cámaras, se suman la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, dos iniciativas que podrían redefinir el rumbo político y económico del país.

La reforma laboral, aprobada en Diputados con 42 votos a favor, enfrenta ahora el desafío de mantener esa mayoría en el Senado, donde el oficialismo confía en el respaldo de sus aliados. Sin embargo, el malestar en sectores del radicalismo y otros bloques dialoguistas persiste, especialmente por el manejo del artículo 44, que fue finalmente eliminado tras la presión en Diputados. "A ningún senador le gusta tener que dar marcha atrás sobre algo que votó", reconoció un legislador cercano al oficialismo, reflejando las tensiones internas que atraviesa la coalición gobernante.

El peronismo, por su parte, mantiene una postura unificada de rechazo a la reforma laboral y anticipa que la ley será objeto de judicialización, con un seguimiento atento a las acciones de la CGT y los gremios más combativos. La incertidumbre también se extiende a la aplicación práctica de la norma, ya que el texto legal deja abierta la posibilidad de que la nueva legislación rija para los despidos que ocurran a partir de su publicación en el Boletín Oficial, aunque algunos expertos legales advierten que la retroactividad podría ser cuestionada judicialmente.

En paralelo, el Gobierno busca aprobar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, un tratado de libre comercio largamente negociado que podría potenciar la inserción internacional de Argentina. En Diputados, el convenio obtuvo un respaldo significativo con 203 votos a favor, pero en el Senado podría reavivarse la división del peronismo, que en esta ocasión mostró un voto fragmentado. El oficialismo confía en replicar la estrategia de alianzas para lograr la ratificación definitiva.

Otro punto de la agenda es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que será tratada en una sesión previa a la reforma laboral. Esta medida, impulsada con apoyo de provincias amigas, genera controversias por la necesidad de financiamiento para infraestructura y programas de reinserción social. El Gobierno prometió una inversión de 23.000 millones de pesos, aunque sectores provinciales consideran insuficiente el monto y reclaman mayor compromiso presupuestario.

Finalmente, el Senado también abordará el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea, además de modificaciones a la ley de Glaciares, ampliando así el espectro de temas que reflejan las prioridades del oficialismo. En este contexto, el martes se definirá la conformación de las autoridades de la Cámara alta, un paso que podría influir en la dinámica legislativa de los próximos meses.

Según el analista político Martín Rivas, "la aceleración de esta agenda refleja la urgencia del Gobierno por mostrar resultados concretos y consolidar su base parlamentaria, aunque enfrenta resistencias internas y externas que podrían complicar la implementación efectiva de estas reformas". En definitiva, el Senado se prepara para un período intenso donde se pondrán a prueba las alianzas y la capacidad de negociación del oficialismo en un escenario político fragmentado y polarizado.