El CACIF pidió una aprobación urgente de la ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala porque, según el pronunciamiento leído por Carlos Arias Bouscayro por los canales oficiales de la organización, el país enfrenta el riesgo de entrar en la lista gris si el Congreso no actúa a tiempo, con efectos directos sobre remesas, crédito, inversión y operaciones financieras que sostienen a millones de familias. El sector empresarial situó el plazo crítico en el 2 de junio. En la ronda de preguntas posterior al comunicado, Arias Bouscayro dijo que esa fecha sería “la última” con margen para que la norma no solo se apruebe, sino que pueda implementarse antes de la visita prevista de GAFILAT a Guatemala en febrero.

PUBLICIDAD Según el mismo, la ley debió quedar aprobada el año pasado y el cálculo original apuntaba a que debía salir a más tardar el 15 de mayo. Explicó que el problema ya no es solo legislativo, sino de calendario de implementación, porque “no es que la ley esté pasada, tiene que estar implementada”. El pronunciamiento del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras fue leído por Carlos Arias Bouscayro, presidente de la entidad para el período 2026-2027.

Allí sostuvo que la discusión “no es ideológica ni política”, sino una decisión sobre “el futuro económico del país”, la confianza internacional en Guatemala y la protección de ciudadanos, trabajadores, emprendedores y empresas. PUBLICIDAD El sector privado advirtió que la lista gris elevaría costos y controles sobre remesas y crédito La advertencia más concreta del sector empresarial se concentró en las remesas. En el comunicado, CACIF afirmó que el costo de operar esos envíos podría aumentar 40% y que además podrían aparecer controles más estrictos y límites al monto mensual que las familias recibirían en Guatemala.

La organización vinculó ese impacto con la vida cotidiana de los hogares y con la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el pronunciamiento, tiendas de barrio, farmacias, restaurantes, talleres, importadores y emprendimientos digitales dependen del sistema financiero nacional y enfrentarían más requisitos, mayores costos y un acceso al crédito más difícil si Guatemala pasa a ser vista como un país de mayor riesgo. PUBLICIDAD En esa línea, Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Construcción dijo que una restricción sobre las remesas afectaría incluso la compra de vivienda.

Explicó que una parte importante de la adquisición de casas proviene de esos recursos y que, si se limita cuánto dinero puede recibir cada familia al mes, “básicamente desaparecería la capacidad para adquirir vivienda”. El comunicado también subrayó el papel de las corresponsalías bancarias, descritas como los bancos fuera de Guatemala que sostienen transferencias internacionales, inversiones, importaciones, exportaciones, cartas de crédito, pagos con tarjetas y remesas. Según CACIF, si el país entra en la lista gris, esas operaciones podrían encarecerse y volverse más complejas, con una pérdida de competitividad para toda la economía.

PUBLICIDAD El empresariado vinculó la demora legislativa con riesgo para inversión y grado de inversión En la conferencia, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) es el licenciado Francisco Ralda afirmó que la falta de aprobación de la ley se observa “con mucha preocupación”. Dijo que, para los exportadores, quedar en la lista gris de GAFILAT sería “la sentencia de muerte” en un contexto en el que ya enfrentan problemas de puertos, vialidad, burocracia, trámites, aprobaciones y licencias. Arias Bouscayro, añadió que Guatemala viene trabajando desde hace años para alcanzar el grado de inversión y sostuvo que caer en la lista gris destruiría “el esfuerzo de los últimos 10 años”.

Para ilustrar la magnitud del problema, mencionó el caso de Panamá y afirmó que a ese país le tomó seis años salir de la lista gris. PUBLICIDAD El Congreso busca acuerdos mientras el sector privado evita especular sobre los bloqueos Consultados sobre por qué el Congreso no ha aprobado la ley, los representantes del sector privado dijeron que no querían especular sobre las razones específicas. Sí afirmaron que ven una necesidad “imperante” y que identifican un grupo de diputados “cada vez más grande” que considera urgente sacar adelante la norma.

En el pronunciamiento, CACIF afirmó que durante varios meses distintos sectores participaron en discusiones técnicas, presentaron observaciones, construyeron consensos y agotaron vías institucionales para impulsar la iniciativa. La organización sostuvo además que los principios y alcances de la ley “han sido ampliamente discutidos y explicados”. El llamado del sector privado se produjo mientras los diputados buscaban acuerdos sobre el tema.

El presidente del Congreso Luis Contreras ha insistido en la posibilidad de que la ley pueda aprobarse el 2 de junio en una sesión extraordinaria. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD