Todo empezó como un robo en un depósito de fibra óptica de la empresa estatal ARSAT, pero a medida que la investigación avanzó, afloraron pruebas que complican a funcionarios en delitos de corrupción, en un caso revelado por el diario La Nación. El hecho fue detectado el 4 de enero de 2024, cuando empleados de la empresa advirtieron el faltante de materiales en 15 contenedores ubicados en un predio de San Fernando, lo que activó una denuncia judicial inmediata. Los elementos sustraídos incluían flejes de cobre y componentes internos de equipos de fibra óptica, piezas clave para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones de alta velocidad en todo el país.

La investigación descartó la hipótesis de un delito común: el volumen del material sustraído y las condiciones del hecho indicaban una maniobra organizada. Marcelo Garozzo, integrante del área de Infraestructura de ARSAT, declaró que un robo de esas características habría requerido escaleras, herramientas específicas y varios días de trabajo continuo. Marcelo Garozzo, integrante del área de Infraestructura de ARSAT, declaró que un robo de esas características habría requerido escaleras, herramientas específicas y varios días de trabajo continuo.

Además, según su testimonio, la maniobra habría sido realizada en horarios diurnos, lo que refuerza la hipótesis de que quienes actuaron contaban con algún tipo de acceso o cobertura. El predio donde ocurrió el robo estaba bajo la órbita de la firma Argentina Logistic Services SA, contratada para la custodia y almacenamiento de los equipos. Uno de los datos más relevantes fue que las cámaras de seguridad no funcionaban al momento del hecho, lo que impidió reconstruir visualmente la secuencia del robo.

A esto se sumó que el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo fuera de servicio, lo que dejó al predio sin uno de sus principales mecanismos de protección. La causa quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez. El giro: de un robo a una trama de corrupción A medida que avanzaron las pericias y el análisis de comunicaciones, la investigación comenzó a enfocarse en las condiciones en que había sido adjudicado el depósito.

Escuchas judiciales y mensajes incorporados al expediente sugirieron que la contratación de la empresa podría haber estado atravesada por irregularidades. La principal hipótesis apunta a que la adjudicación se habría concretado a cambio de sobornos, lo que abrió una nueva línea de investigación por corrupción. Este cambio de enfoque transformó el caso en un expediente mucho más amplio, que ya no se limitaba al robo sino a posibles delitos dentro de la administración pública.

Con el avance de esta hipótesis, la Justicia ordenó más de una decena de allanamientos en distintos puntos del país. Los procedimientos incluyeron inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, y tuvieron como objetivo recolectar documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Fue en ese contexto donde apareció el nombre de Facundo Leal como uno de los principales implicados en la trama.

En uno de los allanamientos realizados en el departamento de Leal en Palermo, los investigadores encontraron más de 670.000 dólares en efectivo guardados en una caja fuerte. Además, secuestraron 165 euros, más de 2,4 millones de pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6258 reales, 3040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2000 chelines tanzanos. En un segundo allanamiento realizado en Mendoza, se encontraron cerca de 1,7 millones de dólares adicionales, lo que elevó el total a más de 2,4 millones de dólares incautados.

El hallazgo de drogas y una nueva investigación Uno de los giros del caso fue el hallazgo de drogas en el domicilio de Leal. Entre las sustancias secuestradas había 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA en cristal, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de clorhidrato de cocaína. Según estimaciones de organismos especializados, solo la ketamina incautada equivale a entre 1700 y 4300 dosis recreativas moderadas.

También se encontraron 15 cucharas presuntamente utilizadas para consumo, un vapeador con aceite de cannabis y bolsas tipo Ziploc. Este hallazgo derivó en la apertura de una causa paralela por estupefacientes, en la que Leal declaró que las sustancias eran para consumo personal. Quién es Facundo Leal Leal es un funcionario de larga trayectoria en ARSAT, donde ingresó hace más de 20 años, en los inicios del organismo.

Llegó junto a Rodolfo Gabrielli y desarrolló su carrera hasta convertirse en presidente de la empresa entre 2022 y 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández. En 2025 fue designado como titular del ORSNA, el organismo encargado de regular el sistema aeroportuario nacional, durante la gestión de Javier Milei. A pesar de ocupar esos cargos, Leal mantuvo su condición de empleado de planta permanente de ARSAT.

Leal dejó su cargo en enero de este año junto con Luis Pierrini, en medio de cuestionamientos por un viaje a Barcelona en un avión privado. Ese vuelo habría estado vinculado al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. En el entramado de relaciones también aparece el empresario Daniel Vila, así como Leonardo Scatturice, señalado por sus vínculos con Santiago Caputo.

Otro funcionario clave bajo sospecha La investigación también involucra a Gerardo Boschin, quien fue gerente de compras del organismo durante la gestión anterior. Boschin habría tenido un rol central en la contratación del depósito donde ocurrió el robo. De acuerdo con las comunicaciones analizadas, habría filtrado información interna a empresarios durante el proceso licitatorio.

Mensajes recuperados hacen referencia a presuntos pagos en efectivo recibidos en oficinas de ARSAT. El expediente incluye delitos como cohecho, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal avanzó con pedidos de indagatoria para los implicados, mientras el juez dispuso el secreto de sumario.

La causa por drogas podría ser derivada a los tribunales federales de Comodoro Py, ya que el hallazgo se produjo en la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia continúa analizando teléfonos, computadoras y documentación secuestrada en los allanamientos. El juez deberá definir en los próximos días si hace lugar a las indagatorias solicitadas por la fiscalía.

La causa sigue en expansión y no se descarta que surjan nuevos implicados. CS/ff