El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú estimó que los resultados definitivos de las elecciones presidenciales estarán listos hacia la primera quincena de mayo, aproximadamente un mes después de la primera vuelta celebrada el 12 de abril. Según explicó la secretaria general del organismo, Yessica Clavijo, este plazo es clave para definir quiénes competirán en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio. En la misma línea, el coordinador legal del JNE, Jorge Valdivia, indicó que el tiempo responde a la necesidad de revisar miles de actas observadas e impugnadas, garantizando transparencia y permitiendo que los candidatos que avancen al balotaje puedan iniciar sus campañas.

Con más del 93% de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera con alrededor del 17% de los votos válidos y tiene prácticamente asegurado su lugar en la segunda vuelta. La disputa por el segundo puesto, en cambio, sigue abierta: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtiene cerca del 12%, seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 11,9%. La diferencia entre ambos es mínima, de unos 14.000 votos.

Recuento de votos y revisión de actas En este contexto, los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron audiencias públicas —en su mayoría virtuales— para revisar y, en casos puntuales, recontar votos de actas observadas. Se trata de un procedimiento inédito en el país, habilitado por la Ley 32299, que permite abrir sobres de votación cuando el cotejo de actas no es suficiente para resolver inconsistencias. Las actas pasan a revisión por diversos motivos, como errores aritméticos, falta de firmas, ilegibilidad o diferencias entre votos emitidos y electores habilitados.

En total, el sistema electoral procesa más de 65.000 actas observadas, de las cuales miles corresponden a la elección presidencial. Desde el JNE remarcaron que el proceso cuenta con supervisión de partidos políticos, observadores y el Ministerio Público, y pidieron a la ciudadanía “guardar calma” mientras avanza el escrutinio. Tensión política y denuncias de fraude El lento conteo y las irregularidades logísticas registradas durante la jornada electoral generaron tensión política y denuncias de fraude, especialmente por parte del candidato López Aliaga, quien incluso solicitó la nulidad de los comicios y ofreció recompensas por pruebas.

En ese marco, alrededor de 3.000 personas se manifestaron en Lima bajo consignas como “el voto se respeta”, en rechazo al proceso electoral. Las elecciones también estuvieron marcadas por problemas en la distribución de materiales electorales, lo que obligó a extender la votación para más de 60.000 ciudadanos que no pudieron sufragar en la jornada inicial. En diálogo con Hoy Día Córdoba, Avril Bustamante Ibarra, ciudadana de Perú, expresó su preocupación sobre lo que está ocurriendo en el país. “Creo que esta es la primera vez que los resultados van a demorar tanto, y tengo la impresión de que esto se ha decidido así para que la gente pierda la expectativa y deje de concentrarse en las irregularidades del proceso electoral.

La idea sería que, cuando finalmente se conozcan los resultados, ya no generen el mismo nivel de reacción. Todo lo que pasó en este proceso genera muchas dudas: actas que no se contaron, otras que aparecieron rotas o incluso en la basura, y algunas que surgieron cuando el conteo ya se había dado por terminado en ciertos lugares. En su momento, todo eso genera indignación, pero con el tiempo la gente tiende a olvidarlo”, consideró.

Asimismo, la estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) comparó la situación con el programa Beca 18 en Perú, donde se anunció la entrega de unas 20.000 becas, pero finalmente fueron muchas menos. En ese caso, explicó, la demora de varios meses en la publicación de los resultados terminó diluyendo el malestar inicial de la población. «Siento que con estas elecciones ocurre algo similar: se busca desactivar el descontento social y restarle fuerza a las protestas que están empezando a surgir«, afirmó. Para Ibarra, este mecanismo resta fuerza a las protestas y facilita a que sean desarticuladas o reprimidas. «Muchos sienten que las autoridades están dispuestas a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, incluso a costa de los derechos de la población», expresó.

En este sentido, planteó que el principal riesgo es que la demora termine desactivando el reclamo social.