Zorro Ranch, ubicado en una zona remota de Nuevo México, se ha convertido en el epicentro de una investigación que busca esclarecer los presuntos crímenes cometidos bajo la sombra de su anterior propietario, Jeffrey Epstein. La finca, que abarca más de 2.000 hectáreas, fue adquirida por Epstein en 1993 y desde entonces se convirtió en un lugar donde, según testimonios y documentos, se habrían cometido abusos sexuales y otros delitos graves.

El exgobernador Bruce King, quien vendió la propiedad a Epstein, declaró en una entrevista en 2020 que desconocía las actividades ilícitas que podrían haberse desarrollado en el rancho. "Era simplemente una transacción inmobiliaria; no tenía idea de lo que sucedía después", afirmó King. Esta declaración contrasta con la creciente cantidad de denuncias que apuntan a la finca como un escenario clave en la red de tráfico y abuso que Epstein dirigía.

La pista de aterrizaje privada construida en Zorro Ranch facilitaba el acceso discreto de visitantes, muchos de ellos menores de edad, según las investigaciones. Esta infraestructura, junto con la ubicación aislada, habría permitido que las actividades ilegales se mantuvieran ocultas durante años, evitando la atención de las autoridades locales y federales.

Los documentos desclasificados en 2023 incluyen miles de páginas de correos electrónicos, informes y testimonios que mencionan el rancho en relación con casos de abuso y tráfico de menores. Un correo anónimo de 2019, por ejemplo, detallaba actos de violencia extrema y desapariciones de menores en los alrededores de la propiedad, lo que llevó a la reapertura oficial de la investigación por parte de las autoridades de Nuevo México.

La creación de la "comisión de la verdad" en el estado busca no solo recopilar testimonios de sobrevivientes, sino también garantizar que se realice una investigación exhaustiva y transparente. La comisión está integrada por legisladores de ambos partidos y expertos en derechos humanos, y tiene el mandato de presentar un informe público con recomendaciones para prevenir futuros abusos.

Tras la muerte de Epstein en 2019, la propiedad permaneció en manos de sus herederos hasta que fue vendida en 2023 a la familia Huffines, conocida por su activismo cristiano y político en Texas. Don Huffines, candidato republicano, anunció que la finca fue renombrada como San Rafael Ranch y que planean convertirla en un retiro espiritual. "Queremos que este lugar sea un símbolo de sanación y esperanza, lejos de las sombras del pasado", declaró Huffines en su cuenta de X.

El caso de Zorro Ranch refleja la complejidad y el alcance de la red de Epstein, que abarcaba múltiples estados y países. Según datos del FBI y fiscales federales, Epstein operaba varias propiedades donde se cometían delitos similares, pero pocas han recibido tanta atención pública como esta finca en Nuevo México. La investigación en curso podría abrir nuevas líneas de acción judicial y política para enfrentar el abuso sexual y el tráfico de menores en Estados Unidos.

En términos estadísticos, Nuevo México ha registrado un aumento del 15% en denuncias por abuso sexual infantil en los últimos cinco años, según el Departamento de Justicia estatal, lo que subraya la importancia de abordar estos casos con rigor y compromiso. Como señaló la fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, "la justicia no tiene fecha de vencimiento, y es nuestro deber dar voz a quienes han sufrido en silencio".