Baja la cobrabilidad y crece la morosidad en las cuotas del IPPV. Otra dificultad operativa porque ese organismo ya perdió el financiamiento nacional de planes de viviendas. Las ejecuciones habitacionales continúan acotadas. El último registro indica que las construcciones actuales de planes Casa Propia y Habitar en la Provincia suman 170, repartidos en 16 grupos. La semana pasada, ese número se redujo a 150 porque 20 fueron entregadas en Viedma. Además, figuran obras de servicios por Suelo Urbano en 761 lotes, repartidos en Choele Choel (232), Cinco Saltos (222), Bariloche (189), Sierra Grande (60), Cervantes (36) y Aguada de Guerra (22). Estos datos de las construcciones figuran en una respuesta del IPPV a la Legislatura por un pedido de información del bloque del PRO, que conduce Juan Martín. En el requerimiento, los legisladores solicitan al organismo sobre la cantidad total de adjudicatarios con “deudas de cuotas”, como también, “el monto adeudado, la antigüedad de la obligación y el tipo de plan habitacional”. La contestación del IPPV no abunda en detalles, pero consigna que existen actualmente 12.903 “cuentas vigentes” por planes de viviendas, de las cuales, 7.051 registran tres o más cuotas mensuales. Así, la “tasa de morosidad” alcanza el 55%. El “total de deuda vencida” asciende a los 4.152 millones de pesos. Como dato adicional, esa cantidad -según los registros de finales del año pasado- representa el 54% de las erogaciones por obras abonadas por el organismo habitacional de Río Negro en el ejercicio del 2025. Registro de morosos - 7.051 - Adjudicatarios registran mora en “tres o más cuotas” de sus planes. El total de cuentas suman 12.903. - $ 4.152 - Millones es el total de la deuda informada. El monto equivale al 54% de lo abonado por el IPPV en obras en el 2025. La cobrabilidad no es mucho mejor en los planes Suelo Urbano, con 1.055 cuentas, se admite una mora existente -con tres o más meses impagos- en 489 titulares de terrenos que se beneficiaron con construcciones de servicios e infraestructura. El nivel de incumplimiento informado llega al 46%. El punto 13 del pedido de informe requiere “las principales estadísticas actuales del organismo”, solicitando el “porcentaje de recupero de fondos y tasa de morosidad de los últimos cinco años”, la “demanda habitacional provincial discriminada por localidad y tipo de solución solicitada”, y la “cantidad de inscriptos activos en listas de espera y antigüedad promedio” de los mismos. La respuesta del instituto está acotada al porcentaje de “recupero de los últimos cinco períodos”. Esa secuencia ratifica el descenso del nivel de cobrabilidad. En el 2024, el pago de los adjudicatarios ascendió al 70% de las cuotas mensuales, posiblemente alentados por un programa de refinanciación lanzado. En los tres ejercicios previos, el cumplimiento rondó entre el 68% (2021) y el 69% (2022 y 2023). Pero, en el 2025, las cancelaciones de las cuotas descendieron al 65%, consignando que es “parcial a noviembre”. Además, el cuestionario del PRO solicita “cantidad total de personal”, “discriminado por área, delegación, modalidad de contratación y función específica”. Se pide, entre otras precisiones, que se consignen empleados “afectados a tareas de relevamiento, inspección, seguimiento, adjudicación y control de viviendas”. La respuesta del número de agente se diluyó en el cúmulo de planillas entregadas, con la totalidad de nombres de la planta del instituto, según sus delegaciones. La cuota a los estatales se descuenta del sueldo En el 2024, el IPPV implementó un programa de regularización de deuda que facilita el pago con el prorrateo de la deuda a través del refinanciamiento del plan. Se eliminó el cobro por la deuda y se instrumentó una forma de pago en cuotas, según la capacidad del adjudicatario. Simultáneamente, se inició el mecanismo de retención de la obligación de los recibos de sueldos para quienes son empleados públicos. En ese momento, el interventor del IPPV, Mariano Lavin informó que un millar de estatales -entre la Provincia y los municipios- figuraban como morosos, es decir, con tres o más cuotas adeudadas. Después, con la consolidación de la obligación, el instituto procedió al descuento directo de las planillas de sueldos de unos 700 agentes públicos con obligaciones pendientes. En las nuevas adjudicaciones, esa condición de retención automática se incorpora en las firmas de los convenios. Baja la cobrabilidad y crece la morosidad en las cuotas del IPPV. Otra dificultad operativa porque ese organismo ya perdió el financiamiento nacional de planes de viviendas.