El proyecto de ley de Defensa Nacional que impulsa el Gobierno de Javier Milei no sólo busca endurecer la política argentina frente al Reino Unido por la cuestión Malvinas. Su alcance es bastante mayor: modifica el esquema de Seguridad Nacional y plantea nuevas facultades para el control y la protección de los espacios marítimos, una cuestión que genera preocupación entre especialistas, sectores de la industria pesquera y funcionarios vinculados a la seguridad y la defensa. El proyecto tiene 133 artículos y, según los análisis que circulan entre los diputados que estudian la iniciativa, entre un 30% y un 40% está específicamente relacionado con la cuestión de soberanía y las Malvinas.

El resto propone modificaciones de mayor alcance sobre el sistema de seguridad y defensa. A lo largo de los últimos días se le hicieron muchas críticas porque entre otras cuestiones introduce legislación donde ya la hay y términos que fueron rebatidos por las organizaciones de prensa, porque encienden alarmas sobre la libertad de expresión, o definiciones sobre el combate al terrorismo que ya tienen su propia normativa. Ahora, otro de los puntos más sensibles aparece respecto del mar.

Distintos informes advierten sobre una posible superposición de competencias entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, conducido por la Armada. De hecho reabre una disputa de competencias entre la Armada y Prefectura. El problema no es menor: ¿quién decide si un episodio ocurrido en el mar constituye un asunto policial, una infracción administrativa, un delito o una amenaza a la seguridad nacional y, por lo tanto, requiere intervención militar?

La pregunta adquiere relevancia porque, bajo el esquema vigente, la Prefectura tiene responsabilidades específicas de policía de seguridad de la navegación y de control en los espacios marítimos. El proyecto incorpora nuevas categorías vinculadas con la seguridad nacional que, según sus críticos, amplía el campo de intervención de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo permite dimensionar el problema.

Un pesquero que opera ilegalmente, no informa su posición o desobedece una orden puede estar incurriendo en una infracción pesquera, un delito aduanero u otra conducta que requiera intervención de las fuerzas de seguridad. Pero, si el episodio es interpretado además como una amenaza o un desafío externo a la seguridad nacional, la iniciativa podría abrir la discusión sobre la intervención de la Armada. El punto crítico, según los informes analizados por Clarín, es que el proyecto no delimitaría con suficiente precisión quién realiza esa primera calificación y qué autoridad queda al mando en cada supuesto.

La discusión se extiende además al modo en que el proyecto define los espacios marítimos sobre los cuales pretende ejercer las nuevas facultades. Especialistas que analizaron la iniciativa advierten que el texto debe distinguir con precisión entre el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva (ZEE), los ríos y los lagos, porque no todos esos espacios están sometidos al mismo régimen jurídico. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) establece diferencias sustanciales entre ellos.

En el mar territorial, el Estado ribereño ejerce soberanía, mientras que en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) posee derechos soberanos específicos, principalmente vinculados con la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales. La diferencia adquiere una dimensión particular en el actual conflicto diplomático con el Reino Unido. El Gobierno de Milei acaba de recurrir a la CONVEMAR para iniciar un procedimiento de arbitraje contra Londres por la explotación de recursos en áreas que la Argentina considera ilegítimamente ocupadas.

Por eso, la forma en que la nueva legislación defina las facultades del Estado sobre los distintos espacios marítimos no es una cuestión meramente técnica. Otro de los puntos bajo análisis es la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, según surge del proyecto. El Ministerio de Seguridad no aparece entre sus integrantes.

Fue excluido, inexplicablemente. Los críticos de la iniciativa sostienen que el nuevo esquema puede terminar ampliando el campo de acción de Defensa sobre asuntos que hasta ahora corresponden principalmente al sistema de Seguridad Interior. Otro problema aparece, especialmente, en las definiciones abiertas utilizadas por el proyecto para describir riesgos, amenazas o desafíos externos.

Según una de las fuentes consultadas para este análisis, esa amplitud podría permitir que fenómenos tan diferentes como un ciberataque, una operación financiera, una campaña de desinformación, una protesta con apoyo externo, una actividad criminal transnacional o una navegación irregular sean considerados bajo determinadas circunstancias como un “desafío externo no cinético”. La discusión que ahora llega al Congreso, entonces, excede la cuestión Malvinas. Lo que está en juego es también hasta dónde llega la Defensa y dónde comienza la Seguridad Interior en el control del territorio y de los espacios marítimos argentinos.

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