El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó sus primeros decretos pocos días después de asumir el mando, marcando así el inicio de su agenda de gobierno. Entre las medidas anunciadas, una de las prioridades quedó centrada en el control de la migración irregular en la zona norte del país. En total fueron seis los decretos firmados durante la ceremonia oficial.

Varias de esas disposiciones apuntan directamente al fortalecimiento de la seguridad fronteriza y a la modificación de ciertos marcos legales vinculados al ingreso clandestino. El gobierno presentó estas iniciativas como parte de una estrategia más amplia destinada a reorganizar la política migratoria y reforzar la presencia estatal en los pasos limítrofes. Uno de los anuncios más destacados fue la puesta en marcha del llamado “Plan Escudo Fronterizo”, una política que busca aumentar las capacidades de vigilancia y control en sectores considerados sensibles de la frontera.

Esto no afecta a la frontera con Argentina, puntualmente en el Paso Cristo Redentor, ubicado en Mendoza. Ya que la parte más sensible de inmigrantes ilegales se encuentra en el norte, en la zona de Colchane, en el límite con Bolivia. La iniciativa contempla una serie de acciones coordinadas entre distintos ministerios y organismos del Estado.

El plan para reforzar la frontera norte El programa denominado “Plan Escudo Fronterizo” establece una hoja de ruta para reforzar la seguridad en los límites del país, especialmente en la zona norte. La medida plantea cuatro líneas principales de acción. Entre ellas aparecen el fortalecimiento de la protección territorial, la coordinación entre instituciones públicas, la incorporación de nuevas tecnologías y el respeto al marco legal vigente.

Uno de los puntos más comentados del plan es la posibilidad de instalar barreras físicas en determinados sectores de la frontera. La ejecución de estas obras estaría a cargo del Ejército y contaría con un plazo inicial de 90 días para avanzar en su implementación. Además, el Ministerio de Obras Públicas deberá iniciar gestiones para evaluar la construcción de estos obstáculos en áreas consideradas estratégicas.

Según lo informado por el gobierno, el objetivo es reducir los ingresos irregulares y mejorar la capacidad de control en zonas donde históricamente se registran cruces clandestinos. Cambios legales y nuevas herramientas de control El plan también incluye la revisión de ciertas normas que regulan la política migratoria. En ese sentido, el Ministerio del Interior recibió la instrucción de impulsar modificaciones al Decreto N°78 con el objetivo de generar mecanismos que desalienten la migración irregular.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa deberá evaluar ajustes al DFL N°1 de 2023, que establece las reglas de uso de la fuerza. La intención es dotar a las instituciones encargadas de la seguridad fronteriza de más herramientas para actuar ante ingresos clandestinos. Dentro de estas acciones también se contempla reforzar la vigilancia permanente en los pasos fronterizos.

El gobierno plantea que estas medidas buscan fortalecer el control territorial sin dejar de respetar los principios del estado de derecho. Política de cierre fronterizo y refuerzo tecnológico En la misma ceremonia, el mandatario firmó otro decreto que complementa el plan anterior. Esta segunda iniciativa lleva el nombre de “Política Nacional de Cierre Fronterizo”.

El documento instruye a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales a aumentar los recursos destinados a la vigilancia en la frontera norte. Entre las medidas previstas aparece el incremento de medios militares en la zona, así como la incorporación de nuevas tecnologías de monitoreo. El plan contempla el uso de drones, sensores optrónicos y sistemas de comunicación que permitan mejorar el seguimiento de la actividad en sectores limítrofes.

Según la visión del gobierno, estas herramientas permitirán detectar movimientos en áreas de difícil acceso y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de ingreso irregular. Con estas decisiones iniciales, la administración de Kast busca instalar desde el comienzo de su gestión una política migratoria más estricta y un mayor control en los puntos de acceso al país.