En 1981, el presidente Ronald Reagan quiso recortar la financiación de los programas de nutrición infantil como parte de un plan de recortes de gastos más amplio, cuyo objetivo era equilibrar el presupuesto y, al mismo tiempo, reducir los impuestos, especialmente a los más ricos. Los administradores escolares de repente tuvieron que recortar gastos en los almuerzos escolares subvencionados por el gobierno federal, por lo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) propuso permitirles clasificar condimentos como el kétchup y el pepinillo encurtido como verduras. La opinión pública protestó airadamente y la norma fue derogada. Sin embargo, el episodio quedó grabado en la memoria política estadounidense como una manifestación de una cruda realidad: cuando los ricos obtienen recortes de impuestos, a menudo son los pobres quienes pagan las consecuencias. Sin embargo, los responsables políticos estadounidenses nunca aprendieron la lección. La legislación fiscal de Reagan de 1981 redujo el tipo impositivo marginal máximo del 70 % al 50 % y los impuestos sobre las ganancias de capital del 28 % al 20 %, ofreciendo solo un alivio moderado a las personas de bajos ingresos. Dado que la pérdida de ingresos tenía que compensarse de alguna manera, se priorizaron los servicios destinados a los más pobres. Si bien la reclasificación de los condimentos como verduras no se mantuvo, otros cambios en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares –la reducción de los subsidios y el endurecimiento de los requisitos de elegibilidad– sí se han mantenido. Otros programas de apoyo a hogares de bajos ingresos, desde cupones de alimentos hasta Medicaid, también se redujeron. La Ley de la Gran Ley Integral (One Big Beautiful Bill Act , OBBBA), promulgada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025, reproduce esta dinámica, pero a mayor escala. La OBBBA extiende y amplía las exenciones fiscales, especialmente para los hogares más ricos, al tiempo que aplica los mayores recortes a los programas destinados a los hogares de bajos ingresos. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que los ingresos del 10 % más pobre de los hogares estadounidenses disminuirán un 3,1 % para 2034 como resultado de esta legislación, mientras que los del 10 % más rico aumentarán un 2,7 %. Entre los recortes incluidos en la OBBBA se encuentran 863 mil millones de dólares en fondos federales para Medicaid y 295 mil millones de dólares para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante diez años. Como resultado de esta legislación, la CBO prevé que 10,9 millones de estadounidenses perderán su seguro médico para 2034, y el USDA informa que los beneficios del SNAP para unos cuatro millones de personas ya se han reducido o eliminado. Aún más hogares se verán afectados si los estados reducen o eliminan su participación en respuesta al requisito de la ley de que paguen una parte de los costos del SNAP. ¿Y qué se consigue con toda esta crueldad? La consolidación fiscal ciertamente no puede ser el objetivo: la CBO prevé que la OBBBA aumente el déficit federal en 2,8 billones de dólares para 2034. Pero se está gestando una reacción adversa, que cada vez más se manifiesta en forma de demandas de impuestos sobre el patrimonio. La Ley de Impuestos a los Multimillonarios de California de 2026, que impondría un impuesto único del 5 % sobre el patrimonio de los aproximadamente 200 multimillonarios del estado, reunió casi 1,6 millones de firmas para abril de 2026, casi el doble de las necesarias para que se incluyera en la boleta electoral. Se presenta explícitamente como una respuesta a los recortes impuestos por la Ley de Reforma de la Banca Minorista y la Administración de Bienestar Social (OBBBA) al programa Medicaid de California (Medi-Cal) y a la asistencia alimentaria. No todos están de acuerdo con la idea, por decir lo menos. Steven Roth, el multimillonario presidente y director ejecutivo de Vornado Realty Trust, aprovechó la presentación de resultados de su empresa el 5 de mayo para quejarse de que las críticas a los ricos los retratan injustamente como “malvados” o “ingenuos”, cuando “deberían ser elogiados y agradecidos”. Incluso comparó la frase “gravar a los ricos” con “insultos raciales”. El economista Michael R. Strain, del conservador American Enterprise Institute, ha presentado argumentos más elaborados contra la imposición de impuestos a los ultrarricos. Sostiene que las personas adineradas no se enriquecen a costa de los demás, sino generando nueva riqueza y conservando una pequeña parte. Independientemente de su patrimonio, han creado mucho más en valor para el resto de la sociedad. El argumento de Strain, al igual que los recortes fiscales de Reagan y la OBBBA, refleja una creencia arraigada: los ricos son fundamentalmente merecedores de beneficios: más inteligentes que el promedio, creadores de empleo y, a menudo, generosos. Diversas investigaciones demuestran que se suele asumir que los ricos son trabajadores incansables, aunque, como demostraron Paul Johnson y Howard Reed hace tres décadas, el mejor indicador de riqueza es la situación económica de los padres. Incluso cuando los ricos evaden impuestos, los estudios revelan que la ciudadanía tiende a culpar al gobierno por dejar lagunas legales abiertas. Mientras que a los ricos se les concede el beneficio de la duda, a los pobres se les considera personas que requieren disciplina. Al recibir beneficios, se someten a un escrutinio riguroso de su carácter y sus decisiones. Los beneficiarios de SNAP y Medicaid deben cumplir con requisitos de documentación laboral, una verificación de elegibilidad semestral y se enfrentan a la posibilidad de que el programa colapse a nivel estatal. Muchos estados prohíben el uso de los beneficios de SNAP para comprar alimentos considerados poco saludables. ¿Por qué, entonces, las corporaciones no tienen que demostrar que la depreciación acelerada generó una mayor inversión, incluso cuando la utilizan para obtener importantes ahorros fiscales? Pero Estados Unidos podría estar a punto de vivir un momento de crisis. Mientras que el 55 % de los estadounidenses afirma que su situación financiera se está deteriorando –el porcentaje más alto en un cuarto de siglo–, la riqueza del 1 % más rico alcanza máximos históricos. Ante este panorama, defender a los multimillonarios de una tributación “opresiva” es una falacia políticamente conveniente, similar a describir un condimento azucarado como una verdura nutritiva. Coincido con los críticos del impuesto sobre el patrimonio en un punto: en teoría, existe una tasa impositiva lo suficientemente alta como para expulsar a los ricos de Estados Unidos. Sin embargo, hay pocas razones para pensar que el país esté cerca de alcanzarla. Después de todo, la relación entre los impuestos y el PBI en Estados Unidos ronda el 25 %, en comparación con un promedio de la OCDE de alrededor del 34 %. Un estudio realizado por la administración del presidente estadounidense Joe Biden reveló que, incluyendo las ganancias no realizadas, las 400 familias multimillonarias más ricas pagaron una tasa impositiva federal efectiva de tan solo el 8,2 % entre 2010 y 2018, en comparación con el 13 % del contribuyente estadounidense promedio. Casi todos los países desarrollados gravan a sus ciudadanos con una tasa más alta. Entonces, ¿a dónde irían los multimillonarios? *Profesora de Economía en The New School e investigadora en la Universidad Estatal de Arizona. Proyect Syndical