”Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, escribió en sus redes el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua. Es el mismo que mandatario que decidió tomar distancia del Gobierno durante el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y se negó a avalar la derogación de la Ley de Tierras o aceptar la eliminación de los límites a la venta de tierras en manos de extranjeros. Ese giro implicó un mayor distanciamiento con el histórico dirigente Carlos Rovira que, hasta ese momento, era un aliado clave para la Casa Rosada.

Ahora la tensión volvió a recrudecer después del fallo de la Corte Suprema de esta semana, que anuló la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, porque consideró que el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación activa para impugnar el decreto del Presidente. El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”. Passalaqua anticipó que impugnará el DNU.

Mediante el Decreto N° 1.935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de “resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad” y “por todas las vías correspondientes”. En el escrito Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en “una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional”. No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta “de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia”.

La decisión del gobernador misionero se suma a otro planteo judicial impulsado por los diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolàs Massot, que también buscarán frenar el DNU 70/23, amparándose en que la Corte se expidió sobre un tema de forma, pero no sobre el fondo. Pichetto no descarta recurrir al “Per Saltum” para que sortear las instancias intermedias y llegar en forma abreviada al máximo tribunal, pero los recursos judiciales presentados suceden mientras corre la cuenta regresiva para la sesión especial solicitada en la Cámara de Diputados por ocho bloques opositores para el 15 de octubre. En el temario apuntan a tratar los dictámenes por endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, pero después del fallo de la Corte sumaron tratar el DNU 7023, que ya tiene en rechazo del Senado.

Para que sea anulado también lo debe tratar la Cámara Baja y hace dos años que no sucede. Los bloques opositores sumarían 115 votos y están a 14 del quórum. La decisión de Passalacqua incrementa las chances de aportar los votos de sus diputados a una embestida que preocupa a la Casa Rosada.