En esta noticia Un reciente informe elaborado por KPMG revela la magnitud creciente del mercado ilícito de cigarrillos en América Latina y otros países, con impactos significativos tanto en la economía como en la seguridad pública. Según el estudio, el consumo de cigarrillos fuera del circuito legal representó el 31,9% del volumen total en un conjunto de 11 países, entre ellos Argentina, México, Perú, Paraguay, Panamá, Brasil, Ecuador y Canadá. En términos prácticos, esto implica que uno de cada tres cigarrillos consumidos en la región es de origen ilegal.

La investigación analiza la evolución del fenómeno entre 2021 y 2025, y destaca que durante el último año se consumieron aproximadamente 77.000 millones de cigarrillos ilícitos, lo que se traduce en una pérdida fiscal estimada en u$s 8500 millones para los gobiernos. Este impacto económico representa un incremento del 17% respecto al período anterior, reflejando una tendencia en alza. Argentina: un mercado con presencia sostenida del ilícito En Argentina, el consumo total de cigarrillos alcanza alrededor de 36.000 millones de unidades anuales, de los cuales aproximadamente 3.900 millones corresponden al mercado ilegal.

Esto equivale a un 10,7% del total consumido, una proporción que se ha mantenido relativamente estable desde 2021. La pérdida fiscal asociada a este fenómeno en el país asciende a u$s 332 millones, evidenciando el impacto directo en los recursos del Estado. La investigación destaca que durante el último año se consumieron 77.000 millones de cigarrillos ilícitos: una pérdida fiscal estimada en u$s 8500 millones para los gobiernos Además, el informe destaca que las denominadas marcas C&C (falsificadas o de contrabando) continúan siendo un componente relevante del mercado ilícito, con una participación que oscila entre el 10% y el 11% en los últimos años.

Crimen organizado detrás de la producción ilegal El documento también pone en evidencia el vínculo entre el comercio ilegal de cigarrillos y el crimen organizado. Un reciente operativo judicial en Argentina permitió desarticular una organización transnacional dedicada a la producción clandestina a escala industrial. El desmantelamiento de esta red, liderado por el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, el Fiscal Federal, Pedro Rebollo, y el Auxiliar Fiscal, Matias Sosa, representó un impacto económico estimado en u$s 8 millones en activos incautados y representa aproximadamente al 25% del mercado ilegal de cigarrillos en Argentina.

Como resultado de una investigación liderada por la Justicia Federal de Gualeguaychú, se llevaron a cabo 24 allanamientos simultáneos en cinco provincias, incluyendo Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, San Luis, San Juan y Mendoza. La organización operaba una planta clandestina en la provincia de San Luis, donde se producían aproximadamente 80.000 paquetes de cigarrillos por día, alcanzando más de 35 millones de atados anuales. Estos productos incluían falsificaciones de marcas originales, en infracción a la legislación vigente.

Durante los operativos, se identificaron además condiciones de trata laboral, con trabajadores extranjeros en situación irregular sometidos a condiciones de explotación. El esquema criminal incluía sofisticados mecanismos de evasión, como el uso de dispositivos inhibidores de señal para evitar comunicaciones y sistemas de rastreo, así como la falsificación de certificados oficiales para simular exportaciones desde Paraguay.