Durante siglos, nos acostumbramos a creer que la soberanía de un Estado residía en su bandera, su moneda y su capacidad de dictar leyes. Sin embargo, el mercado de bonos, ese oráculo que no entiende de patriotismos, emitió un veredicto que merece atención. La solvencia de una corporación como Alphabet, la matriz de Google, inspira hoy más confianza a cien años vista que la mayoría de los gobiernos que se sientan en la ONU.

Pero cuidado con leer esto como un acta de defunción, porque lo que ese dato refleja es confianza en flujos de caja predecibles, no en capacidad de gobernar. La distinción importa, porque confundirlas nos llevará a conclusiones cómodamente apocalípticas. Lo que sí revela es algo más sutil y quizás más inquietante, y es que el poder migra de los parlamentos hacia la infraestructura tecnológica que sostiene nuestra existencia diaria, y este cambio no es uniforme ni está consumado, sino que se desarrolla como una guerra de posiciones cuyo desenlace depende de quién posea la tecnología real y quién solo posea el relato.

Lo que hoy llamamos Estado no es un cascarón vacío, pero sí un organismo que cedió funciones vitales sin darse cuenta de que eran esenciales. Mientras las grandes tecnológicas estadounidenses controlan los flujos de capital, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la arquitectura de la comunicación global, muchos gobiernos se quedaron con la tarea residual y costosa de gestionar la fuerza, con la policía, los tribunales y los ejércitos. Es una división del trabajo donde las empresas acumulan utilidad y soberanía funcional, mientras que los políticos retienen el garrote para asegurar que nadie interrumpa el flujo de datos y beneficios.

Y aquí conviene ser preciso sobre quiénes son esas empresas, porque son estadounidenses. No existe hoy un contrapeso tecnológico real fuera de Estados Unidos. China, que durante una década fue presentada como el rival simétrico, es en realidad un tigre de papel tecnológico y es dependiente de semiconductores que no puede fabricar, con una IA que se alimenta de arquitecturas diseñadas en Silicon Valley y un ecosistema digital que funciona hacia adentro pero carece de proyección global real.

Quienes insisten en el relato de la bipolaridad tecnológica describen un mundo que no existe. Y aquí aparece una paradoja que ningún análisis serio puede eludir. Si el Estado fuera verdaderamente un cadáver institucional, ¿por qué las corporaciones gastan miles de millones anuales en lobby para influir en sus legislaciones?

No se soborna a un muerto. El hecho de que Google, Meta y Amazon mantengan ejércitos de lobistas en Washington, Bruselas y Delhi demuestra que el poder legislativo representa una amenaza real para sus modelos de negocio. La Unión Europea impuso multas multimillonarias y construyó marcos regulatorios fuertes.

Pero esta capacidad de resistencia no está distribuida democráticamente entre las naciones. Lo que tenemos es una tensión dinámica entre el poder corporativo y ciertos Estados con masa crítica suficiente para plantar cara, mientras el resto observa desde la tribuna. Porque la alianza entre potencia militar y potencia tecnológica, y ambas son esencialmente estadounidenses, redefine las fronteras funcionales del mundo.

Ya no tiene mucho sentido hablar de bloques puramente geográficos cuando Estados Unidos está objetivamente más interesado en proteger la infraestructura de sus gigantes tecnológicos que en mantener alianzas diplomáticas tradicionales. El mensaje implícito es contundente porque si un territorio desafía las normas de estos gigantes, no se enfrentará solo a una demanda comercial, sino al peso del único Estado que concentra simultáneamente supremacía militar, financiera y tecnológica. En este esquema, Estados Unidos no es un actor más entre varios, sino el único jugador completo en el tablero.

Los demás, Europa incluida, negocian desde la posición de quien necesita la tecnología que no produce. Para el mundo hispanohablante, la honestidad obliga a ser incómodo. Ni España, ni América Latina poseen ecosistemas tecnológicos propios que les permitan negociar desde una posición de fuerza.

La regulación europea ofrece a España un paraguas parcial, pero los países latinoamericanos quedan expuestos a una dependencia que se parece demasiado a la relación colonial clásica, solo que ahora el tributo no se paga en oro ni en materias primas, sino en datos y en la aceptación pasiva de arquitecturas digitales diseñadas en otra parte. La soberanía de estos países no murió, pero está en cuidados intensivos, y el pronóstico depende de decisiones que sus clases políticas no parecen siquiera comprender. Al final de este proceso, la política local corre el riesgo real de quedar reducida a una representación teatral.

Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir gestores territoriales, pero las decisiones que afectan sus ahorros, su acceso a la información y su capacidad de trabajo se toman en salas de juntas en California. No estamos ante la muerte del Estado, sino ante su estratificación radical, habrá un Estado que conserva soberanía real porque posee la tecnología, la fuerza y el capital, y habrá otros que se conviertan en provincias administrativas de un orden que no diseñaron, no controlan y del que no pueden desconectarse sin colapsar. La pregunta relevante no es si la soberanía ha muerto, sino para quién sigue viva.

Y la respuesta, despojada de toda diplomacia, es que sigue viva exclusivamente para quien controla la infraestructura que el resto del mundo necesita para funcionar. En ese reparto, la mayoría del planeta está del lado equivocado de la línea, y ninguna cantidad de retórica nacionalista va a cambiar esa realidad aritmética. Las cosas como son. *Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.