El juez Carlos Mahiques acudirá esta semana al Senado a defender su pliego enviado por Javier Milei para seguir cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. El oficialismo de La Libertad Avanza confía en que tiene los votos pero el magistrado recibió impugnaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). La comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, recibirá este jueves a partir de las 10 a Mahiques, quien cumple 75 años en noviembre.

La Constitución indica que los magistrados deben cesar en sus funciones a esa edad, salvo que el Presidente lo vuelva a nombrar con aval del Senado por cinco años más. La Cámara Federal de Casación Penal es el más importante tribunal penal -sin contar la Corte Suprema- donde se dirimen las causas por corrupción que preocupan a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros políticos. Milei giró efectivamente su pliego en febrero, antes de que el hijo Juan Bautista Mahiques se convirtiera en el nuevo ministro de Justicia.

Ahora falta que el Senado lo valide. Fuentes del oficialismo y de la oposición aseguran que los números están. Igualmente Mahiques recibió dos impugnaciones: de ACIJ e INECIP que plantean que el magistrado nunca concursó para ocupar una banca en ese lugar sino que llegó ahí después de un "traslado irregular efectuado en 2018". "Si el Senado lo aprueba, estaría perpetuando una situación que avasalla nuestra Constitución y desconoce la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema", señalan.

En 2013, Carlos Mahiques fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal luego de atravesar el proceso completo: fue seleccionado en la terna por el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo mandó su pliego y el Senado lo aprobó. Pero en 2018 fue trasladado a la Cámara de Casación Penal, también a propuesta del Ejecutivo y con aval de la Cámara Alta. Sin embargo, ACIJ e INECIP señalan que "técnicamente nunca fue designado para el cargo que actualmente ocupa", que "los traslados son una forma irregular de selección de jueces y juezas que no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley del Congreso" y que encima "Mahiques concursó para ser designado juez nacional, mientras que el traslado se efectuó para un cargo en la justicia federal; órdenes jurisdiccionales bien distintos".

En ese sentido citan a la Corte Suprema en fallo Bertuzzi donde el máximo tribunal señaló que los traslados de jueces son provisorios y no equivalen a un nombramiento constitucional. "Si Mahiques no fue nombrado, sino que apenas fue trasladado provisoriamente, no se comprende cómo podría renovarse su nombramiento", apuntan y decretan que "la única forma en la que podría continuar sería presentándose al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie para cubrir la vacante" y si es elegido seguir el proceso. La última vez que el Senado votó la extensión de funciones por cinco años más fue con la polémica jueza Ana María Figueroa que en ese momento presidía la Cámara Federal de Casación Penal. Pero la Cámara Alta lo votó dos semanas después de que Figueroa cumpliera los 75 años y la Corte Suprema ya la había dado de baja.

Más allá del desafió del Senado, en ese entonces presidido por Cristina Kirchner, hacia la Corte, la jueza terminó iniciando sus trámites jubilatorios. En el verano trascendió información que señalaba que Mahiques había festejado su último cumpleaños en la mansión de Pilar que está siendo investigada en una de las causas ligadas a Pablo Toviggino y la AFA. Por ese motivo es que Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, pidió al juez de la causa que lo cite como testigo.

Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal la cual intervenía en esa causa. Se mantuvo como magistrado únicamente en la Sala III donde es titular. El kirchnerismo, al igual que en el resto de las comisiones, declarará que la reunión es inválida porque la composición no respeta la proporcionalidad: Unión por la Patria reclama más lugares que los que el oficialismo con aval de los aliados le otorgaron a la principal bancada opositora.

El Gobierno pretende avanzar en los próximos meses con numerosas designaciones judiciales. De hecho el jueves pasado ingresaron 78 pliegos judiciales al Congreso. Entre ellos los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez de la causa $LIBRA que investiga al Presidente.

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