El juez federal Ariel Lijo dispuso la realización de peritajes técnicos sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en un movimiento que redefine el rumbo de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, busca dar respuesta a la principal incógnita que rodea al caso: la autenticidad de las grabaciones que dieron origen a la denuncia. Un cambio de estrategia judicial Hasta el momento, la Justicia había mantenido los audios en un segundo plano, priorizando otros elementos probatorios debido a las dudas sobre su legalidad y procedencia.

Sin embargo, el titular del Juzgado Federal N°11 decidió dar un giro técnico alineado con lo solicitado previamente por la Cámara Federal porteña. La tarea fue encomendada a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina. Los especialistas deberán determinar: - Si las grabaciones presentan signos de edición o manipulación. - Si el origen de los audios es genuino. - Si existe evidencia de que las voces hayan sido generadas o alteradas mediante Inteligencia Artificial (IA). "El objetivo es verificar si las grabaciones presentan alteraciones por IA u otros métodos técnicos", detalla la resolución del magistrado.

El impacto en la causa Los audios fueron el detonante de una investigación que hoy ya cuenta con múltiples imputados por delitos de fraude al Estado, cohecho y asociación ilícita. Paradójicamente, aunque fueron el disparador del escándalo, no habían sido incorporados formalmente como prueba central hasta ahora. Spagnuolo se negó a declarar Este 28 de enril, Diego Spagnuolo se negó a declarar ante el juez Ariel Lijo.

Abordado por los periodistas en los ascensores de Comodoro Py, sostuvo que "no es la única oportunidad que se puede declarar". El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 dispuso un amplio llamado a indagatoria para 29 personas en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS, a partir de un requerimiento impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. LT