El intendente de Allen, Marcelo Román, quedó más cerca de tener que someter su continuidad a una votación popular. La iniciativa para revocar su mandato superó las 4579 firmas y ahora el Concejo Deliberante deberá formalizar el avance del proceso y definir la fecha del referéndum. En paralelo, el jefe comunal enfrenta una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta, una causa por la que ya había sido suspendido preventivamente.

La situación de Román puede terminar con su salida de la intendencia por dos vías diferentes. Por un lado, los vecinos deberán decidir en el referéndum si continúa o deja el cargo, una vez que el Concejo complete los pasos previstos por la normativa municipal. Por otro, la Carta Orgánica establece que una condena firme en la causa penal derivaría en su destitución, mientras que una absolución le permitiría recuperar el cargo en caso de que siguiera suspendido.

La recolección de adhesiones comenzó formalmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los vecinos pudieran respaldar el pedido. El requisito establecido por la Carta Orgánica representa el 20% del padrón de 2023. El haber alcanzado esa cantidad de firmas no implica que Román quede automáticamente fuera de la intendencia.

El próximo paso será que el Concejo Deliberante formalice el cumplimiento del requisito y establezca cuándo se realizará la consulta popular. Los impulsores de la revocatoria, de todos modos, resolvieron mantener abierta la convocatoria hasta este viernes 9 de octubre, cuando vence el plazo previsto para la utilización de los libros. La intención es superar ampliamente el número mínimo de adhesiones.

La causa judicial que complicó al intendente La revocatoria se suma a un conflicto que ya había puesto a Román en el centro de una disputa institucional. En julio, el Concejo Deliberante aprobó por seis votos contra tres su suspensión preventiva mientras avanzaba la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. La causa incluyó allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Allen.

La medida se tomó en el marco del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que permite al Concejo suspender preventivamente a un funcionario sometido a un proceso penal. Según esa norma, si la Justicia determina su absolución, el funcionario recupera automáticamente el cargo; en cambio, una condena firme habilita su destitución. Román cuestionó aquella decisión y sostuvo que se trataba de un “golpe institucional”.

También recurrió al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que encuadró el planteo como un conflicto de poderes. El intendente aseguró entonces que no iba a renunciar y que dejaría provisoriamente el cargo para cumplir con la decisión adoptada por el Concejo. Ahora, mientras la Justicia continúa con la investigación, el proceso de revocatoria abrió una nueva instancia para definir el futuro político del jefe comunal.

Si el trámite avanza, serán finalmente los vecinos de Allen quienes tendrán la última palabra sobre su continuidad.