La reglamentación del RIFL habilita una fuerte reducción de aportes patronales para nuevas contrataciones formales y apunta a un universo potencial de casi 9 millones de personas. Economistas advierten que el esquema podría desacoplar la evolución de la recaudación respecto del crecimiento salarial. La reglamentación del Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral y el Empleo (RIFL) introduce un cambio relevante en la dinámica del mercado laboral y también en la forma de leer la recaudación previsional. Según un análisis de la consultora Econviews, el esquema reduce los aportes patronales desde niveles cercanos al 19% hasta apenas el 5% para nuevas contrataciones de trabajadores “blanqueados”, lo que podría provocar que los ingresos por contribuciones queden estancados incluso en un escenario de recuperación salarial. El beneficio aplica para empresas que incorporen trabajadores sin experiencia formal previa, desempleados desde hace más de seis meses, monotributistas o personas provenientes del sector público. De acuerdo con estimaciones de Econviews elaboradas sobre datos del INDEC y el SIPA, el universo potencial alcanza a casi 9 millones de personas, aunque en el mercado reconocen que captar siquiera una parte de ese número ya sería considerado un resultado positivo. El punto central, según remarcó la consultora, es que la reforma modifica la relación histórica entre masa salarial y recaudación previsional. Hasta ahora, un aumento del empleo registrado o de los salarios implicaba automáticamente una mejora en los aportes patronales. Con el nuevo régimen, esa relación pierde fuerza: las empresas podrían incrementar nómina y salarios mientras pagan una alícuota sustancialmente menor. Para el segmento de “servicios” y “comercio”, la alícuota general bajaría desde el 20,4% actual hacia una banda de entre 17,9% y 19,4%, mientras que para el resto de los sectores descendería desde 18% hacia niveles de entre 15,5% y 17%, dependiendo del tamaño de la empresa y el Fondo de Aportes Laborales (FAL). Sin embargo, el cambio más agresivo aparece en el RIFL, donde la contribución cae directamente al 5% durante 48 meses para las contrataciones alcanzadas por el programa. Eso implica que, hacia adelante, los analistas deberán seguir con más atención indicadores alternativos para medir la evolución real del mercado laboral, como los índices salariales del INDEC o los datos de empleo de la Secretaría de Trabajo. La recaudación previsional, por sí sola, podría empezar a perder capacidad para reflejar la dinámica genuina de salarios y empleo formal. En paralelo, el Gobierno apuesta a que la reducción del costo laboral funcione como incentivo para acelerar la formalización en segmentos históricamente excluidos del empleo registrado. La lógica oficial es que una menor carga sobre las empresas podría facilitar nuevas incorporaciones y ampliar la base de trabajadores formales, aun resignando ingresos en el corto plazo. El desafío es que el resultado final dependerá de la magnitud de la adhesión empresarial y de la capacidad de la economía para generar empleo genuino en un contexto donde la actividad todavía muestra señales heterogéneas. Porque bajar impuestos al trabajo puede incentivar contrataciones, pero no hace magia: si la economía no crece, el Excel laboral sigue sin cerrar. Cómo funciona el esquema que busca acelerar el empleo formal Al respecto, Ernesto Sanguinetti, socio de PASBBA Abogados, explicó en declaraciones a El Cronista que, el RIFL puede funcionar como un incentivo para la creación de empleo formal, aunque por sí solo “no garantiza una expansión real de puestos de trabajo”. Sanguinetti explicó que el régimen reduce parcialmente el costo de incorporación de personal mediante una alícuota reducida del 5% sobre determinados componentes de seguridad social durante 48 meses. Para sectores intensivos en mano de obra, donde el costo laboral es determinante al momento de ampliar plantilla o formalizar relaciones existentes, el beneficio puede resultar relevante. Sin embargo, “el impacto final dependerá de cómo reaccionen las empresas. El objetivo oficial es que el esquema impulse nuevas contrataciones y formalice trabajadores que hoy están fuera del sistema. Pero existe otra posibilidad: “Que algunas compañías simplemente aprovechen el beneficio para reducir costos sobre incorporaciones que ya tenían previstas”, advirtió el experto. Además, señaló, se trata de un régimen optativo, temporal y condicionado. “El acceso exige cumplir determinados requisitos y analizar cuidadosamente los aspectos laborales, previsionales, tributarios y de fiscalización”. Sanguinetti también destacó quee el beneficio alcanza únicamente a nuevas relaciones laborales registradas y exige que el trabajador cumpla ciertas condiciones específicas:“No haber tenido empleo formal al 10 de diciembre de 2025, haber permanecido desempleado durante los seis meses previos, ser monotributista o provenir del sector público”. Por eso, una empresa no podría despedir y recontratar inmediatamente al mismo trabajador para acceder al beneficio si no se cumplen esas condiciones. Aun así, el diseño del régimen requerirá controles de ARCA y “procesos de compliance para evitar maniobras abusivas o esquemas de sustitución de personal”, comentó el experto ante la consulta de este medio. El programa también podría tener impacto sobre la recaudación previsional, advirtió Sanguinetti. Y es que la reducción de contribuciones patronales implica, en principio, menores ingresos por cada trabajador alcanzado durante los primeros cuatro años de contratación. Por su parte, Pablo Loyola, vicepresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF) agregó que el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral puede ser una herramienta positiva para empresas familiares que estén en etapa de crecimiento y necesiten incorporar personal, “ya que reduce el costo laboral durante varios años”. Sin embargo, advirtió que el contexto actual muestra una realidad distinta: “Muchas PyMEs hoy no están pensando en expandir estructura, sino en sostener su actividad frente a la retracción del consumo y la caída de ventas”. Por eso, probablemente el mayor impacto del régimen se vea en empresas que ya tenían previsto crecer o sumar gente. “Mientras tanto, gran parte de las empresas familiares sigue enfocada en mejorar eficiencia, ordenar procesos y profesionalizar su gestión para adaptarse a un escenario económico mucho más exigente. Difícilmente, por sí solo, el régimen genere una expansión masiva del empleo si la actividad económica no acompaña”, concluyó Loyola.