El intento del Gobierno de Javier Milei de derogar la Ley de Etiquetado Frontal volvió a encender disputas entre el oficialismo, la industria alimenticia y las organizaciones de salud pública. La iniciativa impulsada por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO propone eliminar el sistema de octógonos negros que advierte sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías en alimentos y bebidas. Según los impulsores del proyecto, la norma “confunde” al consumidor, encarece costos y genera incompatibilidades comerciales con otros países del Mercosur. El Gobierno sostiene que el sistema actual es más rígido que el utilizado en Brasil, Paraguay o Uruguay, y sugiere usar criterios “armonizados” en la región. Los diputados Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni afirman que “el 85% de los productos que están en góndolas terminó con sellos”, lo que “termina vaciando de sentido estas advertencias sanitarias”. También cuestionan que el esquema actual no incentive la reformulación de productos y complique exportaciones, especialmente para las pymes. La reacción de organizaciones sociales, científicas y académicas fue inmediata. Más de 300 entidades rechazaron la posible derogación y denunciaron que implicaría “desmantelar” una de las principales políticas de salud pública del país. Desde FIC Argentina advirtieron que la ley no solo informa sobre nutrientes críticos, sino que además regula la publicidad dirigida a niños y limita estrategias de marketing sobre productos ultraprocesados en escuelas. Las organizaciones también defendieron la efectividad de los octógonos negros. Según estudios citados por FIC Argentina y UNICEF, el 90% de la población considera que los sellos ayudan a identificar rápidamente productos poco saludables y más de la mitad aseguró haber cambiado hábitos de compra tras la implementación de la ley. Además, remarcaron que antes de la norma apenas el 13% de las personas comprendía correctamente la información nutricional tradicional de los envases.