El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó este miércoles la firma de un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema. El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.

Los principales puntos del acuerdo universitario De acuerdo al comunicado oficial, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y en un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año. El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema.

En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud. A su vez, el convenio incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas. En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, uno de los puntos que también formaba parte de los reclamos del sector.

Además, Capital Humano informó que se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. También indicó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente. La firma del acta llega tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y el CIN, en un conflicto que tuvo como telón de fondo cuatro marchas federales universitarias, clases públicas, tomas de colegios, paros docentes, votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y presentaciones judiciales.

El acuerdo se alcanzó luego de que el Ministerio de Economía autorizara una partida de $800.000 millones para atender los compromisos asumidos con el sistema universitario. La postura de los gremios universitarios Desde CONADU, su titular, Clara Chevalier, valoró la reapertura de la paritaria, pero sostuvo que el acuerdo llega en un contexto de fuerte malestar dentro del sector. “La situación es muy grave”, señaló, al advertir que en las universidades persisten la angustia y la desconfianza frente al Gobierno. Chevalier remarcó que la firma del acta representa la primera instancia paritaria efectiva alcanzada con la actual administración y atribuyó ese avance a la unidad del frente universitario.

En esa línea, destacó que la recomposición salarial, la convocatoria periódica a paritarias y la discusión sobre la deuda salarial de 2024 aparecen como puntos centrales para los sindicatos. De todos modos, la dirigente advirtió que el entendimiento es apenas el inicio de una respuesta más amplia. “Seguiremos peleando por la plena implementación de la ley”, afirmó, y señaló que el sector mantendrá sus reclamos por salarios justos, financiamiento para proyectos de investigación y aumentos en las becas Progresar. Malestar sindical y frente judicial abierto Según datos del CIN, el deterioro salarial derivó en la renuncia de unos 10.000 docentes en universidades nacionales, uno de los puntos que los rectores y gremios llevaron a la mesa de negociación.

Aunque la firma del acta representa un avance en la negociación, en sectores sindicales universitarios todavía persiste malestar entre las bases. Los gremios seguirán de cerca la recomposición salarial, la reapertura de las paritarias y la ejecución de los fondos comprometidos. Pese al acuerdo alcanzado, el frente judicial continuará abierto.

Las universidades habían reclamado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno recurrió a la Corte Suprema luego de fallos adversos en instancias anteriores. Las casas de estudio, por su parte, seguirán monitoreando la ejecución de los fondos comprometidos y la evolución de los salarios del sector.