Si no surge un contratiempo de último momento, el Gobierno y las Universidades nacionales cerrarían en las próximas un acuerdo salarial y de transferencia de fondos para becas y hospitales universitarios, que empezaría a encaminar una solución al conflicto universitario que se arrastra desde hace más de dos años. Mientras los gremios universitarios convocaron este lunes a un nuevo paro universitario en todo el país del 16 al 20 de junio, las negociaciones silenciosas entre un grupo de rectores con funcionarios del Gobierno continuaron su camino. El principal escollo estaría subsanado: las universidades, tal como anunciaron, no retirarán la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y cuyo expediente de trámite favorable a las universidades, se encuentra por vía de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con fuentes universitarias, este mismo martes podría firmarse el acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Capital Humano con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezados por su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. En este esquema, este miércoles sería el turno de la rúbrica con los gremios representativos del sector. Como circuló la semana pasada, el acuerdo es una “solución intermedia” a la incumplida Ley de Financiamiento.

Implica una recomposición salarial de 24,3% (21,3% desde julio y otro 3% en octubre) más fondos para becas estudiantiles y los hospitales universitarios. Pero hasta último momento habría incertidumbre, en una situación “delicada y compleja”, según definió otra fuente consultada. Están los rectores, y también los gremios docentes y no docentes involucrados en el asunto.

Y como sea, la oferta oficial es menor a lo que establece la Ley vigente, que el Gobierno incumple. Pero la comunidad universitaria necesita algún alivio frente al poder adquisitivo que ha perdido hasta 50%. Y sobre el Gobierno pende la espada de la decisión demorada de la Corte Suprema, que debe decir si toma o no el caso.

Como se trata de una cautelar, se supone que no corresponde que lo haga. En ese caso, se abriría la puerta a la ejecución de la sentencia que obliga a pagar los fondos a las Universidades, unos 2,8 billones de pesos. El acuerdo que se firmaría implica unos 800 mil millones de pesos, y patearía para una “comisión técnica” y paritarias a convocarse trimestralmente –otro reclamo de las universidades y gremios- la solución de los “pendientes”.

La recomposición de 24,3% a los alicaídos ingresos de docentes y no docentes universitarios (en su inmensa mayoría, muy por debajo de la canasta para seguir considerándose una familia de clase media) serían un 7% a cuenta de lo perdido en 2024; 12,6% de 2025 y la actualización hasta mayo de 2026, indicaron fuentes de la negociación. Las negociaciones las llevaron adelante el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez (dentro del Ministerio de Capital Humano), con las máximas autoridades del CIN, su presidente Franco Bartolacci, y Anselmo Torres, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). En medio está el rol de la Corte Suprema, que demora un pronunciamiento básico, de si entiende o no en el recurso extraordinario que le llevó el Gobierno luego de perder su pelea en primera instancia y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

La Corte ya dio una señal el viernes cuando no aceptó la recusación de sus miembros hecha por el Gobierno, que aducía que por ser docentes universitarios actuarían con parcialidad. Pero la Corte no se pronunció, se cree, a la espera de que los actores encuentren por sí solos una salida por la vía de la negociación. Las próximas horas habría desenlace.

A todo esto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) busca meterle presión a los supremos y armó una "clase pública" para este martes a las 11 frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. Para los rectores, este acuerdo traería un oxígeno indispensable a la asfixia presupuestaria. El 90% del presupuesto universitario, se destina a pagar salarios docentes y no docentes.

Sin dejar de lado el reclamo por el cumplimiento de la ley que sancionó el Congreso y confirmó ante el veto de Javier Milei, dirán que con este acuerdo la norma empieza a cumplirse. Sobre la firma