La espera ha terminado para las víctimas de pederastia en la Iglesia católica. A partir del 15 de abril, podrán solicitar su reparación mediante el protocolo firmado este 30 de marzo por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo elaborará una propuesta de reparación, que podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual o económica.

La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial no incluye baremos ni cantidades económicas, ya que cada situación se evaluará de forma individual. El Estado será “quien tenga la última palabra”, mientras que las indemnizaciones correrán a cargo de la Iglesia, ha explicado el ministro Bolaños tras la firma del acuerdo. “Hoy es un día de justicia con las víctimas”, ha asegurado. Bolaños también ha aclarado que aquellas víctimas de pederastia que hayan acudido ya al Plan Priva para solicitar su reparación, el programa impulsado por la Iglesia desde septiembre de 2024 y que hasta el momento ha tenido un alcance limitado, también podrán ahora recurrir al nuevo mecanismo mixto entre el Gobierno y la Iglesia, si bien “se tendrán en cuenta” los casos que ya hayan recibido alguna indemnización.

Además de esas compensaciones eventualmente percibidas, las indemnizaciones económicas también tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos y el daño provocado. “Esta es nuestra forma de pedir perdón” Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha destacado que con este nuevo acuerdo “se abre una nueva etapa” para responder a las necesidades de las víctimas. “Por mi experiencia, hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, pero eso no nos exime de hacer todo lo posible para abordar las diversas situaciones con cada rostro. Es importante poner el acento en las personas con la acogida y la escucha de esta reparación”, ha señalado Argüello tras la firma del acuerdo en la sede del Defensor del Pueblo. “Sé que el perdón es una palabra potente, pero sé que no sirve sin propósito de enmienda y obras concretas. En ese sentido, al poner en marcha este plan de reparación, esta es la expresión concreta de nuestra forma de pedir perdón”, ha añadido Argüello, que también ha insistido en que se analizará “caso por caso”. “No vamos a poner el acento en los euros, no es un asunto de dinero”.

Por otro lado, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta. Un proceso complejo El protocolo desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos después de un arduo proceso de negociación que se prolongó durante dos años. La firma, prevista inicialmente para febrero, se aplazó por la negativa de los obispos, quienes rechazaron la posibilidad de que el Defensor del Pueblo revisara las compensaciones concedidas a través del Plan PRIVA.

Las asociaciones de víctimas habían advertido que, si el convenio no se concretaba en estos días, se movilizarían ante la sede de la Conferencia Episcopal Española y la Nunciatura Apostólica en Madrid.