El Gobierno prepara para miércoles o jueves una nueva reunión de mesa política que buscará definir las prioridades legislativas de las próximas semanas y acompañarla con anuncios de gestión de alto impacto. En el Ejecutivo reconocen que la intención es retomar la iniciativa con medidas que vuelvan a poner en el centro de la escena la agenda oficial, en momentos en que el avance de las causas que involucran a Manuel Adorni siguen condicionando la conversación pública. La discusión interna pasa, sobre todo, por cómo comunicar ese paquete. Adorni y Santiago Caputo volvieron a coordinar este viernes la estrategia y se reunieron ayer en la Casa Rosada para ordenar las medidas en carpeta. En Balcarce 50 admiten que no descartan una conferencia de prensa esta semana, aunque aclaran que la decisión todavía depende del jefe de gabinete y del clima político que deje el fin de semana. Puertas adentro, los avances judiciales sobre el ministro coordinador siguen marcando el pulso de la gestión. En su entorno reconocen que el funcionario continúa “golpeado” y que sus equipos atraviesan días de fuerte tensión, mientras monitorean si el escándalo pierde intensidad. “Bajó un poco la espuma el viernes”, resumen en despachos oficiales, donde también dejan abierta la posibilidad de convocar a una reunión de gabinete para mostrar orden interno y respaldo político. La principal apuesta inmediata de Nación es el envío al Congreso de la reforma política y electoral. El oficialismo busca que el proyecto genere discusión pública y vuelva a abrir el debate sobre el sistema de representación. Entre los puntos bajo análisis aparece la incorporación de circunscripciones uninominales para elegir diputados, una idea que ya había sido incluida por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley Bases girado al Congreso en 2023, junto con la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento partidario. La mesa política deberá resolver además cómo escalonar el resto de los expedientes. El Gobierno venían ubicando hasta ahora como prioridades a la Ley Hojarasca, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el paquete de propiedad privada, mientras que una nueva Ley de Salud Mental no figuraba entre las urgencias inmediatas. Entre las medidas que el Ejecutivo quiere activar también aparece el decreto para destinar el 10% de los ingresos provenientes de las privatizaciones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Javier Milei habló de la decisión el 2 de abril, durante el acto por Malvinas, al sostener que esos fondos se usarán para “la compra de armamento y bienes de capital” del sistema de defensa. La estrategia oficial apunta a que esa agenda reabra frentes de discusión con la oposición, los gobernadores y los gremios, pero con una lógica distinta a la de las últimas semanas: correr el foco del frente judicial y volver a disputar la centralidad con iniciativas propias. En la Casa Rosada creen que una reforma política, sumada a decretos y proyectos con alto voltaje político, puede ordenar a la tropa y recuperar margen en el debate público. El cierre de esa hoja de ruta quedará atado a la reunión de mesa política que buscan concretar entre miércoles y jueves. En varios despachos oficiales buscan llegar con una medida de impacto, como el envío de la reforma del Código Penal al Congreso. El juez Mariano Borinsky estuvo además en Balcarce 50 este viernes en medio de las versiones que indican que el oficialismo planea retomar las negociaciones por la Corte Suprema. Por el momento, descartan oficialmente anuncios de esa índole.