El Gobierno presentó un recurso extraordinario per saltum para que se resuelva en la Corte Suprema el conflicto judicial por la reforma laboral, tras la suspensión cautelar de más de 80 artículos dictada por un juez del fuero laboral a pedido de la CGT. La medida, impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, busca acelerar el trámite y llevar directamente al máximo tribunal la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma. En el escrito, de más de 40 páginas, el Estado sostuvo que el juez laboral actuó sin competencia, que no existía “caso” ni legitimación activa de la CGT y que la medida cautelar viola el principio de división de poderes al suspender una ley del Congreso Nacional.

El documento, al que tuvo acceso TN, constituye un duro cuestionamiento a la decisión de primera instancia y busca que la Corte Suprema intervenga de inmediato sin pasar por las instancias intermedias. La decisión del Gobierno llegó luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, hiciera lugar al amparo colectivo presentado por la central obrera y suspendiera provisoriamente la aplicación de varios artículos de la ley. Entre los artículos frenados figuran modificaciones en materia de indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, banco de horas, fraccionamiento de vacaciones y límites a las contribuciones sindicales, entre otros.

La CGT argumentó que varias disposiciones vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Según explicó el juez, este tipo de decisiones no requieren certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una “apariencia razonable” del derecho invocado, junto con el riesgo de que la demora judicial pueda generar daños de difícil reparación. “Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas”, aseguró Ojeda en declaraciones a Radio Rivadavia.

Tras conocerse esa sentencia, el Ministerio de Capital Humano adelantó que apelarían el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal. En esa línea, el Gobierno logró un primer avance al cuestionar la competencia del fuero laboral. La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, aceptó el planteo de inhibitoria presentado por el Ministerio de Capital Humano y ordenó el traslado del expediente a su fuero, al considerar que se trata de una ley nacional y un conflicto contra el Estado.

Ahora, el Gobierno retomó esa línea y aseguró que la nueva redacción del artículo 20 de la Ley N° 18.345 impide al fuero laboral entender en causas contra el Estado Nacional y que los jueces nacionales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires no son tribunales federales. Además, la Procuración remarcó que la CGT impugnó artículos “sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado”. La mera vigencia de la ley no genera el perjuicio actual, reiteró el gobierno.

Los representantes del Estado también cuestionaron la legitimación activa colectiva, al sostener que la CGT, como entidad de tercer grado, pueda representar transitivamente a todos los trabajadores del país sin demostrar afectación concreta ni cumplir los recaudos de las acciones colectivas. El escrito también denunció arbitrariedad de la sentencia por fundarse en “afirmaciones meramente dogmáticas” y omitir los argumentos del Estado sobre legitimación, caso y jurisdicción.